Por ser este 2010 año de elecciones locales en casi la mitad del país, los partidos y sus dirigentes que buscan el poder, en medio de una tremenda competencia, no sólo hacen alianzas con sus enemigos, sino que buscan el apoyo de las autoridades eclesiales para ganar votos.
En la mesa de las negociaciones están los derechos reproductivos de las mujeres, con lo cual se pretende negar el aborto por cualquier causa, aumentar la criminalización y encarcelamiento de las mujeres y acabar con el Estado laico, cuya tradición liberal viene del siglo XIX.
La respuesta de las mujeres organizadas ha sido una movilización sin precedentes, con amplia participación, que empieza a surgir en plazas y ciudades de la mitad del país, ante las acciones jurídicas y contra la interrupción legal del embarazo.
La movilización es una respuesta a los cerca de 200 procesos penales contra mujeres de todas las clases sociales en cuatro estados de la República y al encarcelamiento de cerca de 30 de ellas -según casos bien documentados-, así como a las denuncias sistemáticas que médicos e instituciones hospitalarias hacen contra las mujeres.
La demostración acordada en diciembre pasado, al firmarse el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, tiene tres estrategias: la vía legal pidiendo la inconstitucionalidad de los cambios legales para criminalizar el aborto; la promoción, hasta ahora, de más de 850 amparos contra esos cambios y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una docena de entidades, por haber cambiado las constituciones legales.
Otras acciones son: denunciar a los legisladores que han convalidado estos cambios; movilizarse cada primer jueves de mes en plazas y ciudades para mostrar la inconformidad y hacer gestiones directas con el funcionariado de distintos niveles para parar la persecución a mujeres que, por las más distintas razones, interrumpen su embarazo.
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