En una carta que será entregada al Señor Edgardo Suárez Mallagray, Embajador de El Salvador, en cabeza de Católicas por el Derecho a Decidir y suscrita por un amplio listado de organizaciones de mujeres en España, se pide la intermediación de este en el caso de Beatriz, la mujer salvadoreña de 22 años, que sufre problemas de salud que ponen su vida en peligro durante su embarazo.
Ella ha sido diagnosticada con un historial de lupus, enfermedad en la cual el sistema inmunológico ataca los tejidos del propio cuerpo, y una enfermedad renal relacionada con el lupus.
A Beatriz se le ha diagnosticado un alto riesgo de morir a causa del embarazo si sigue adelante con él. Tres pruebas realizadas han confirmado que el feto es anencefálico (le falta gran parte del cerebro y el cráneo). Casi todos los bebés anencefálicos mueren antes del parto, o unas horas o días después de nacer.
Para conocer la carta enviada al Embajador y el manifiesto suscrito por dichas entidades, ir al siguiente enlace: http://nosotrasdecidimos.org/wp-content/uploads/carta.pdf
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Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento ...
El neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.
" He sido neurocirujano durante 40 años en diversos hospitales públicos españoles, hasta hace dos años, cuando me jubilé. En 1982, creé el Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid, del que he sido jefe hasta hace dos años, además de haber desempeñado otros puestos de responsabilidad: director del Hospital del Niño Jesús en Madrid, director médico del Hospital 12 de Octubre, secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía, secretario de la Comisión Nacional de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad Complutense.
Durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o espina bífida abierta. Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero sobre todo a los propios niños.
Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de ellas, la espina bífida abierta (o mielomeningocele), consiste en la ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto. Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se desarrollará. En este proceso también participan las ausencias de cierre de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta patología puede sufrir toda su vida de los siguientes problemas.
Fuente: El País
» Parálisis de ambas piernas. En los casos más graves, que desgraciadamente podrían ser la mayoría si la ley se modificase, el grado de parálisis será completo.
» Atrofia en estos casos de los músculos de los dos miembros inferiores con grandes deformaciones en los pies, piernas y también en la espalda, con desviaciones muy graves de la columna vertebral.
» Incontinencia completa de orina y de heces.
» Impotencia sexual completa.
» Hidrocefalia: crecimiento exagerado de la cabeza en el 90% de los niños.
» Malformación de Chiari II: malformación en el cerebelo.
» Siringomielia frecuente: desarrollo de cavidades anormales en el resto del interior de la médula espinal, que pueden causar parálisis de ambos brazos.
» Deficiencia mental en el 55% de los niños aproximadamente. Eso si las medidas aplicadas han sido las correctas durante toda la vida.
El tratamiento de estas patologías es muy complejo, y se requieren unidades multidisciplinarias altamente especializadas. Precisarán numerosas operaciones realizadas por muy variados especialistas y en diferentes etapas de la vida: neurocirujanos, traumatólogos, urólogos, cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, etc. Además de necesitar rehabilitación permanente, vigilancia pediátrica y antibioterapia muy frecuente, añadiéndose además todo tipo de aparatos ortopédicos, sondajes vesicales permanentemente, sillas de ruedas y un largo etcétera.
Naturalmente, todas estas intervenciones quirúrgicas, la mayoría de ellas muy complicadas, conllevan un número no despreciable de complicaciones, lo que ensombrece todavía más los problemas.
Finalmente, resumiré el pronóstico vital y la calidad de vida de estos niños. Como resultado de tantas intervenciones, su estancia en los hospitales puede ser muy prolongada, incluso en algunos casos hasta años de hospitalización. Es por lo tanto imposible una escolarización correcta. Pero el colmo es que todos estos esfuerzos sanitarios, sociales, familiares y del propio niño terminarán antes de las dos primeras décadas, pues la mayoría de estos niños habrán fallecido, dado que esta malformación presenta numerosas complicaciones muy tardías y difíciles de solucionar.
Que las malformaciones congénitas del sistema nervioso son las más frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves es un hecho ya muy conocido. Por ejemplo, la anencefalia (falta completa de desarrollo de los hemisferios cerebrales) se cifra, según la prestigiosa revista JAMA (año 2000), en seis por cada 1.000 recién nacidos vivos o muertos.
No se tienen datos exactos de la incidencia de la espina bífida abierta en la población española antes de las actuales medidas preventivas y de la implantación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero se pueden citar las estadísticas del Reino Unido (entre uno y dos por cada 1.000) o de Irlanda (tres por cada 1.000).
En Argentina, país en el que la interrupción del embarazo solo se permite en casos de violación, pero en el que se realiza como en España la prevención con ácido fólico durante la gestación, la cifra publicada en al año 2000 es de 2,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.
En España se ha practicado durante muchos años un excelente programa de prevención de la espina bífida, y desde la implantación de la ley del aborto, la prevención con ácido fólico durante la gestación y el diagnóstico prenatal de estas lesiones, la prevalencia es solo de ocho casos por cada 10.000 recién nacidos vivos; es decir, uno por cada 1.000 en recién nacidos vivos. En sectores profesionales implicados en estos problemas esto siempre se ha considerado como un gran avance de la sanidad española, en comparación con periodos históricos anteriores, y también con otros países.
Desgraciadamente, si se suprime el supuesto de interrupción del embarazo, mucho me temo que volveremos de nuevo a cifras terribles, dado que se trata de malformaciones frecuentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad española es de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es decir, de 486.000 en el año 2010 y de 468.000 en 2011. Extrapolando datos, podríamos asumir que España se colocaría en una situación similar a la de Argentina, con 2,7 por cada 1.000 casos, o a la de Irlanda —que permite solo el aborto por riesgo para la salud de la mujer—, que con terapia de ácido fólico tiene un porcentaje de tres por cada 1.000 casos en recién nacidos vivos. Así, en el caso español y continuando el tratamiento preventivo con ácido fólico, nos colocaríamos en una cifra aproximada de 1.200 a 1.400 casos de niños con espina bífida al año.
¿Es el Gobierno consciente de ello? ¿Cómo piensa gestionar este problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e incluso a los futuros niños? ¿Que por la decisión de un político que fue ministro de Justicia no han podido valorar otras opciones?
No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable. Por otra parte, siempre he creído que los Gobiernos y las leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero no para castigarlos; y mucho menos por intereses posiblemente espurios.
Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro
Feministas de toda España se manifiestan contra la reforma del aborto de Gallardón
Algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, se tiñeron de violeta para pedir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en el Día de Acción Global por un aborto libre, seguro y gratuito.
http://www.publico.es/espana/443127/feministas-de-toda-espana-se-manifiestan-contra-la-reforma-del-aborto-de-gallardon
DECIDIR NOS HACE LIBRES..
MOVILIZACIÓN CONTRA LA NUEVA LEY QUE CRIMINALIZARÁ EL ABORTO
Mujeres de distintas organizaciones civiles manifestaron su oposición al proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que probablemente se aprobará el próximo mes de septiembre.
Texto y fotos: Noemí García Cabezas - Feminicidio.net - 22/06/2012
La concentración fue organizada por la plataforma “Decidir nos hace libres” y “Mujeres ante el Congreso“. La actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito- será modificada por una norma que restringirá ese derecho y lo penalizará en ciertos supuestos.
Las organizaciones convocantes expresaron su más rotunda indignación ante el retroceso que los derechos fundamentales de las mujeres pueden sufrir. Ambas plataformas dieron a conocer sus manifiestos, coincidentes en la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres sin supuestos que los mermen, así como en la necesidad de que el aborto voluntario deje de ser regulado dentro del Código Penal. Coinciden también en la necesidad de fomentar una educación sexual en todos los niveles, incluso incorporando la educación sexual con enfoque de género en los currículums de enseñanza primaria y secundaria.
Por su parte, el manifiesto de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso incide en el desamparo de las mujeres que no pueden permitirse pagar un aborto voluntario así como de las mujeres inmigrantes, a quienes se les priva del sistema nacional de salud. En una petición de reunión con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, esta Plataforma plantea otros temas como el libre acceso al aborto libre, seguro y gratuito de todas las mujeres desde los 16 años, respetando así la Ley del Paciente 41/2010. La carta, leída durante la concentración, ofrece la colaboración de la Plataforma para la mejora de la actual ley.
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http://nosotrasdecidimos.org/movilizacion-contra-la-nueva-ley-que-criminalizara-el-aborto/
ARGENTINA, 100 LÁPIDAS DE MUJERES MUERTAS POR ABORTO CLANDESTINO
Nueve agrupaciones nucleadas en el «Frente K por la Soberanía de Nuestros Cuerpos» instalaron en la tarde de ayer cien lápidas frente a la Legislatura provincial para reflejar la cantidad de muertes que se produjeron el año pasado en el país por abortos clandestinos.
Mediante esta intervención pública, solicitaron la urgente aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre aborto no punible en Córdoba y en apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El “Frente K por la Soberanía de Nuestros Cuerpos” es integrado por la Mesa Nacional por la Igualdad, Un Montonazo Organización Territorial, Corriente Peronista Descamisados, JP Kapiango, Autoconvokados por el Proyecto Nacional y Popular, La Jauretche, La Colectiva, Comunidad Cannábica Córdoba, Devenir Diverse e independientes.
“Entendemos que la lucha por la legalización del aborto es una causa profundamente popular porque todos los años se producen más de 500.000 abortos clandestinos en Argentina y que por este motivo al menos de 100 mujeres mueren anualmente. No es casual que estas muertes sean en mujeres pobres. Por eso decidimos tomar esta bandera, como prioritaria, organizarnos y pelear por el derecho al aborto”, expresó Martín Apaz, de la Mesa por la Igualdad.
En tanto, Marcela Frencia de La Jauretche señaló que la manifestación se realizó ante la Legislatura “para solicitar la aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras”.
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http://nosotrasdecidimos.org/argentina-100-lapidas-reflejaron-las-muertes-por-aborto-clandestino/
Las aragonesas que deseen abortar tendrán que pagarlo por adelantado
Unas 2000 mujeres al año, abortan en Aragón. Hasta la fecha el gobierno se hacia cargo del 95% del costo, entre 400 y 500 euros por paciente. Ahora lo tendrán que sufragar las mujeres que la sanidad pública derive a las clínicas privadas.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, la deuda del gobierno aragonés con las dos clínicas autorizadas en Zaragoza, acumula 10 meses de retraso.
Manifiestan que tras un año y nueve meses de negociaciones con la Administración, el Servicio Aragonés de Salud no ha ofrecido una salida viable a los centros y el presupuesto de la Consejería de Sanidad Aragonesa no contempla partida presupuestaria alguna para sufragar la prestación sanitaria de Aborto Provocado en el ejercicio 2012.
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Las ricas abortan las pobres mueren
'No se es menos mujer por no ser madre, ni se es más inteligente por ser ministro'
Patricia Hernández Gutiérrez, diputada socialista, ha sido la protagonista de la sesión de control al Gobierno al plantar cara al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y a su reforma de la Ley del aborto.
La diputada canaria ha preguntado al ministro '¿Cuántos casos tiene acreditados el Gobierno de la violencia estructural sobre las mujeres referida por el Gobierno?' ya ha hecho una dura critica de la postura que Gallardón está manteniendo con la reforma de la Ley del aborto que el Ejecutivo de Rajoy pretende llevar a cabo.
De esta manera, la diputada le ha recordado que "no es él quien reparte los carnés de mujer auténtica", y ha insistido en que para "defender la maternidad hay que defender la maternidad" y "para defender la conciliación familiar, hay que defender la conciliación familiar".
"Usted, en Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que elimina las bonificaciones de cuotas cuando una mujer, después de una excedencia por cuidado de hijos, se incorpora a su puesto de trabajo", ha asegurado.
Con ello ha criticado duramente que el ministro se escude en defender los derechos de las mujeres cuando él mismo votó "una reforma laboral que reduce y coarta los derechos de las mujeres". Así le ha espetado que "ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser Ministro", lo que ha provocado una fuerte ovación del grupo socialista.
Y es que este martes Gallardón insistía en el Pleno del Senado en el empeño del Gobierno de garantizar "el derecho a la maternidad" de las mujeres con su anunciada reforma de la Ley del Aborto. Y aportó un argumento más para el endurecimiento de la interrupción del embarazo: "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres".
El ministro aseguró que el Ejecutivo cambiará la Ley del Aborto para garantizar ese "derecho a la maternidad" porque "mientras exista la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda en plenitud ejercer su derecho a la maternidad, este Gobierno tendrá siempre la solidaridad, y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista".
LEER MÁS EN....
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/28/espana/1332923862.html
La diputada canaria ha preguntado al ministro '¿Cuántos casos tiene acreditados el Gobierno de la violencia estructural sobre las mujeres referida por el Gobierno?' ya ha hecho una dura critica de la postura que Gallardón está manteniendo con la reforma de la Ley del aborto que el Ejecutivo de Rajoy pretende llevar a cabo.
De esta manera, la diputada le ha recordado que "no es él quien reparte los carnés de mujer auténtica", y ha insistido en que para "defender la maternidad hay que defender la maternidad" y "para defender la conciliación familiar, hay que defender la conciliación familiar".
"Usted, en Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que elimina las bonificaciones de cuotas cuando una mujer, después de una excedencia por cuidado de hijos, se incorpora a su puesto de trabajo", ha asegurado.
Con ello ha criticado duramente que el ministro se escude en defender los derechos de las mujeres cuando él mismo votó "una reforma laboral que reduce y coarta los derechos de las mujeres". Así le ha espetado que "ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser Ministro", lo que ha provocado una fuerte ovación del grupo socialista.
Y es que este martes Gallardón insistía en el Pleno del Senado en el empeño del Gobierno de garantizar "el derecho a la maternidad" de las mujeres con su anunciada reforma de la Ley del Aborto. Y aportó un argumento más para el endurecimiento de la interrupción del embarazo: "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres".
El ministro aseguró que el Ejecutivo cambiará la Ley del Aborto para garantizar ese "derecho a la maternidad" porque "mientras exista la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda en plenitud ejercer su derecho a la maternidad, este Gobierno tendrá siempre la solidaridad, y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista".
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Jueces para la Democracia acusa a Gallardón de “frivolizar” sobre la violencia machista
Jueces para la Democracia ha acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, de “frivolizar” sobre la violencia machista tras unas declaraciones en las que afirmaba que “en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”.
Esta organización ha añadido que “no es aceptable que se desenfoque la cuestión del aborto” de esta forma y afirma que las manifestaciones del ministro “sirven para minar los esfuerzos en orden a visibilizar la violencia machista y castigar sus diversos efectos”.
En relación a la terminología utilizada, Jueces para la Democracia ha señalado que “sigue en la escalada ya iniciada” y “evidencia una estrategia de confusión terminológica sobre el concepto de violencia de género, concepto que ha sido asumido en virtud de los compromisos internacionales por quienes han venido legislando hasta la fecha”.
Por otra parte, ha declarado que “si trataba de aludir, con evidente mala fortuna, al hecho de que las mujeres abortan, en ocasiones, porque la situación económica, laboral y social que las rodea”, la solución “no sería nunca la modificación de una ley que ha permitido alcanzar un nivel de seguridad jurídica y certeza legal ausente hasta ese momento”.
Por ello, esta asociación ha reclamado la adopción de medidas legales y estructurales oportunas para evitar despidos por el hecho de que la trabajadora esté embarazada; para que la maternidad no sea obstáculo en la promoción profesional; o para que la angustia de no saber si podrá alimentar a la criatura que espera no surja, porque puede confiar en que el Estado no recortará las ayudas sociales.
“El recortar, aún más, el derecho a decidir sobre la maternidad, criminalizando y sancionando penalmente a las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, modificando la ley del aborto y el código penal actualmente vigente y estrechando nuevamente el ámbito de decisión en la materia, ahonda de manera evidente en la desigualdad, en la consideración como seres inferiores de las mujeres”, ha sentenciado.
http://angelesalvarez.com/nosotrasdecidimos/?p=2168
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Esta organización ha añadido que “no es aceptable que se desenfoque la cuestión del aborto” de esta forma y afirma que las manifestaciones del ministro “sirven para minar los esfuerzos en orden a visibilizar la violencia machista y castigar sus diversos efectos”.
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Por otra parte, ha declarado que “si trataba de aludir, con evidente mala fortuna, al hecho de que las mujeres abortan, en ocasiones, porque la situación económica, laboral y social que las rodea”, la solución “no sería nunca la modificación de una ley que ha permitido alcanzar un nivel de seguridad jurídica y certeza legal ausente hasta ese momento”.
Por ello, esta asociación ha reclamado la adopción de medidas legales y estructurales oportunas para evitar despidos por el hecho de que la trabajadora esté embarazada; para que la maternidad no sea obstáculo en la promoción profesional; o para que la angustia de no saber si podrá alimentar a la criatura que espera no surja, porque puede confiar en que el Estado no recortará las ayudas sociales.
“El recortar, aún más, el derecho a decidir sobre la maternidad, criminalizando y sancionando penalmente a las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, modificando la ley del aborto y el código penal actualmente vigente y estrechando nuevamente el ámbito de decisión en la materia, ahonda de manera evidente en la desigualdad, en la consideración como seres inferiores de las mujeres”, ha sentenciado.
http://angelesalvarez.com/nosotrasdecidimos/?p=2168
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Gallardón provoca una viva polémica con su concepto del porqué del aborto.
http://www.redfeminista.org/noticia.asp?id=7428
Comunicado de la Unión de Asociaciones Familiares
La vicepresidenta de UNAF, Ana María Pérez del Campo, las palabras del ministro denunciando presiones para violentar el derecho a ser madres no indican un “retroceso” en los derechos de la mujer sino que constituyen la implantación de un “auténtico burka”.
Pérez del Campo recordó a Ruiz-Gallardón que la violencia de género estructural es “fundamentalista” y aclaró que la protección a la maternidad es distinta a la protección de derechos.
En su intervención en el Congreso, señaló la responsable de UNAF, el ministro de Justicia considera que las mujeres que abortan son de clases sociales bajas o marginales y que no tienen recursos.
Eso indica, a juicio de Pérez del Campo, un desconocimiento “posiblemente intencionado” de la situación de las mujeres que toman esta decisión porque “deciden abortar mujeres de todas las clases y condición social, con dinero y sin él”.
La modificación de la Ley del Aborto que planea el Partido Popular no sólo presenta la cara más “ultra del antiabortismo” sino que recorta derechos civiles y condena a las mujeres a marcharse fuera del territorio o a practicarlo en la clandestinidad, algo que pone en riesgo la vida de las mujeres.
Foto: Archivo AmecoPress.
Una menor de doce años tendrá que llevar a cabo su embarazo, consecuencia de una violación
Acai: La ley debería contemplar una salida legal y humana para las mujeres víctimas de este tipo de situaciones.
Las fuerzas de seguridad continúan la investigación de la violación en Orihuela (Alicante) de una niña de 12 años que quedó embarazada hace seis meses, en noviembre de 2010, aunque el caso no trascendió hasta el pasado 20 de abril, cuando los servicios sociales del Ayuntamiento oriolano trasladaron la situación a las fuerzas de seguridad. La menor, que vivía en una pedanía de Orihuela, se encuentra en un avanzado estado de gestación y se ha hecho con su tutela la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Previsiblemente, seguirá en dicho centro cuando se produzca el parto y continuará allí durante la crianza del niño o niña.
ACAI ya manifestó en su día que si un embarazo suponía un riesgo fundamental para la embarazada o estaba diagnosticada una enfermedad concomitante, se podría interrumpir la gestación sin plazo cuando existiera un pronóstico que certificara que de seguir el embarazo, este supondría un agravamiento importante o la generación de secuelas, y toda vez que la mujer autorizara dicha interrupción mediante un consentimiento informado.
En estos casos la interrupción estaría amparada por el derecho común, pues es de consideración actual que ante un riesgo materno, deben ser aplicadas aquellas medidas que estén encaminadas a resolverlo.
La organización argumenta en un comunicado que además de las secuelas físicas y el riesgo vital que un parto puede generar en una menor de 12 años, resulta más que evidente que los hechos traumáticos que enfrenta una menor que ha estado en situación de desamparo, así como, las secuelas que arrastrará como consecuencia de estos hechos se verán agravadas por una maternidad que puede llegar a ser impuesta y no deseada, marcando irreversiblemente la vida de esta menor.
Ante lo cual, ACAI pide que el equipo médico vuelva a considerar en su evaluación no solo el riesgo vital que conlleva para la menor llevar a término el embarazo, sino también las graves secuelas psicológicas que pueden a llegar a ser tan determinantes en la salud física y psíquica de esta menor en un futuro inmediato. La asociación de centros pide asimismo al juez que en su evaluación de la situación y del diagnóstico médico prevalezca ante todo la el interés de la menor gestante en todas sus dimensiones: físicas, psíquicas y sociales.
Tal y como ya advirtiese ACAI, la posibilidad, más frecuente de lo que puede llegar a pensarse, de que se produzcan situaciones de este tipo, podría revitalizar en nuestro país situaciones de éxodo abortivo hacia aquellos países que como EEUU si contemplan estas situaciones. En tales casos la situación económica de la gestante o de su entorno dirimiría la salida del país y el acceso a este recurso fuera del territorio español.
Por último, ACAI pide que se esclarezca de cuántas semanas de gestación estaba la menor cuando en el mes de abril el embarazo fue detectado por los servicios sanitarios, es decir, si ya entonces la menor se encontraba de más de 22 semanas de gestación o la dilación en la resolución de esta situación, de abril a junio, ha situado a la menor en dicha edad gestacional. De confirmarse que la dilación de esta situación ha procurado la edad gestacional de más de 22 semanas, ACAI pide que se diriman las responsabilidades jurídicas oportunas contra quien pueda proceder.
AmecoPress
Las fuerzas de seguridad continúan la investigación de la violación en Orihuela (Alicante) de una niña de 12 años que quedó embarazada hace seis meses, en noviembre de 2010, aunque el caso no trascendió hasta el pasado 20 de abril, cuando los servicios sociales del Ayuntamiento oriolano trasladaron la situación a las fuerzas de seguridad. La menor, que vivía en una pedanía de Orihuela, se encuentra en un avanzado estado de gestación y se ha hecho con su tutela la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Previsiblemente, seguirá en dicho centro cuando se produzca el parto y continuará allí durante la crianza del niño o niña.
ACAI ya manifestó en su día que si un embarazo suponía un riesgo fundamental para la embarazada o estaba diagnosticada una enfermedad concomitante, se podría interrumpir la gestación sin plazo cuando existiera un pronóstico que certificara que de seguir el embarazo, este supondría un agravamiento importante o la generación de secuelas, y toda vez que la mujer autorizara dicha interrupción mediante un consentimiento informado.
En estos casos la interrupción estaría amparada por el derecho común, pues es de consideración actual que ante un riesgo materno, deben ser aplicadas aquellas medidas que estén encaminadas a resolverlo.
La organización argumenta en un comunicado que además de las secuelas físicas y el riesgo vital que un parto puede generar en una menor de 12 años, resulta más que evidente que los hechos traumáticos que enfrenta una menor que ha estado en situación de desamparo, así como, las secuelas que arrastrará como consecuencia de estos hechos se verán agravadas por una maternidad que puede llegar a ser impuesta y no deseada, marcando irreversiblemente la vida de esta menor.
Ante lo cual, ACAI pide que el equipo médico vuelva a considerar en su evaluación no solo el riesgo vital que conlleva para la menor llevar a término el embarazo, sino también las graves secuelas psicológicas que pueden a llegar a ser tan determinantes en la salud física y psíquica de esta menor en un futuro inmediato. La asociación de centros pide asimismo al juez que en su evaluación de la situación y del diagnóstico médico prevalezca ante todo la el interés de la menor gestante en todas sus dimensiones: físicas, psíquicas y sociales.
Tal y como ya advirtiese ACAI, la posibilidad, más frecuente de lo que puede llegar a pensarse, de que se produzcan situaciones de este tipo, podría revitalizar en nuestro país situaciones de éxodo abortivo hacia aquellos países que como EEUU si contemplan estas situaciones. En tales casos la situación económica de la gestante o de su entorno dirimiría la salida del país y el acceso a este recurso fuera del territorio español.
Por último, ACAI pide que se esclarezca de cuántas semanas de gestación estaba la menor cuando en el mes de abril el embarazo fue detectado por los servicios sanitarios, es decir, si ya entonces la menor se encontraba de más de 22 semanas de gestación o la dilación en la resolución de esta situación, de abril a junio, ha situado a la menor en dicha edad gestacional. De confirmarse que la dilación de esta situación ha procurado la edad gestacional de más de 22 semanas, ACAI pide que se diriman las responsabilidades jurídicas oportunas contra quien pueda proceder.
AmecoPress
La conciencia en nuestro país es muy desigual : El derecho al aborto y la objeción de conciencia
Desde que se aprobó la reforma de la ley del Aborto, el pasado 5 de julio, se ha reactivado el debate sobre la objeción de conciencia de los y las profesionales de la salud que desaprueban la interrupción del embarazo. ¿Quién, cómo, para qué regular la objeción de conciencia?
El desarrollo de esta ley y de la objeción de conciencia en nuestro país es muy desigual: las regiones gobernadas por el PP parecen ignorarla, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha aceptado el primer registro oficial de médicos objetores, mientras que la Junta de Andalucía lo rechazó plenamente.
Las personas especialistas denuncian "el vacío" legal que existe sobre la objeción de los y las profesionales médicos contra prácticas como el aborto.
Un aspecto histórico a destacar en este proceso de regularización e implementación del derecho a abortar de las mujeres es que las restricciones fruto de la objeción de conciencia a la anterior Ley del Aborto, aprobada en 1985, condujeron a un grupo de profesionales de la sanidad pública a crear centros privados donde las intervenciones fueran seguras y de calidad.
Desde entonces, esas clínicas practican el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, lo cierto es que el aborto es un derecho que debe estar garantizado, de forma gratuita, para todas las mujeres. Lo demás son negocios o imposiciones morales.
La Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac) celebró del 21 al 23 de octubre en Sevilla un Congreso que contó con la participación de más de 600 profesionales, procedentes de 53 países, en el que reclamaron que los y las profesionales médicos y sanitarios están “obligados éticamente a facilitar las prestaciones médicas legalmente establecidas, así como, a atender prioritariamente las necesidades básicas de sus pacientes por encima de sus creencias morales privadas”.
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El desarrollo de esta ley y de la objeción de conciencia en nuestro país es muy desigual: las regiones gobernadas por el PP parecen ignorarla, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha aceptado el primer registro oficial de médicos objetores, mientras que la Junta de Andalucía lo rechazó plenamente.
Las personas especialistas denuncian "el vacío" legal que existe sobre la objeción de los y las profesionales médicos contra prácticas como el aborto.
Un aspecto histórico a destacar en este proceso de regularización e implementación del derecho a abortar de las mujeres es que las restricciones fruto de la objeción de conciencia a la anterior Ley del Aborto, aprobada en 1985, condujeron a un grupo de profesionales de la sanidad pública a crear centros privados donde las intervenciones fueran seguras y de calidad.
Desde entonces, esas clínicas practican el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, lo cierto es que el aborto es un derecho que debe estar garantizado, de forma gratuita, para todas las mujeres. Lo demás son negocios o imposiciones morales.
La Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac) celebró del 21 al 23 de octubre en Sevilla un Congreso que contó con la participación de más de 600 profesionales, procedentes de 53 países, en el que reclamaron que los y las profesionales médicos y sanitarios están “obligados éticamente a facilitar las prestaciones médicas legalmente establecidas, así como, a atender prioritariamente las necesidades básicas de sus pacientes por encima de sus creencias morales privadas”.
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50 años de prisión, por abortar en El Salvador
Palabra de Mujer
Centenares de mujeres sospechosas de abortar son perseguidas por el sistema de justicia de este país centroamericano y deben vivir el infierno de la cárcel, condenadas al olvido y enterradas en la miseria.
En el 2007, las autoridades registaron 6.500 abortos, de los cuales un casi 30% fueron de niñas entre 10 y 18 años de edad. Mientras que en el 2008, se atendieron 6,856 casos de abortos, entre espontáneos y sépticos. Hubo 29 muertes maternas
Para el Estado salvadoreño, Karina Climaco era una asesina. Sin más matices, los jueces ordenaron su traslado directo del hospital a la cárcel, donde debía pagar una condena de 30 años. La sospecha de haber inducido su aborto fue la primera causa por la que el sistema de justicia decidió privarla de libertad. Y es que en El Salvador, al igual que Nicaragua, Chile y República Dominicana, las leyes reconocen “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” y atentar contra ella es un delito de homicidio.
La historia de Karina del Carmen Clímaco es un ejemplo de lo que ocurre a muchas mujeres jóvenes en países como El Salvador. Esta joven a pesar de haberse sometido a una esterilización en un hospital público, salió embarazada de su cuarto hijo.
En la madrugada del 17 de enero de 2002, mientras el resto de su familia dormía, Karina sufrió fuertes dolores y se dirigió como pudo al baño, donde vivió un doloroso parto sin ayuda médica, ni de nadie, sufriendo una intensa hemorragia que le provocó que se desmayase.
De inmediato, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que decidió llevarla al hospital más cercano para salvarle la vida, donde los doctores que la atendieron determinaron que se había provocado un aborto. Desde ese momento, Karina, de 22 años, pasó de ser una paciente a una sospechosa de aborto y luego de homicidio.
Tuvieron que pasar 7 años, para que su caso se hiciera público, y despertara así la solidaridad de las mujeres organizadas de El Salvador y comenzaran a trabajar por su libertad. Un trabajo duro, pero que tras lograr su libertad, se sembró un precedente de gran importancia para las mujeres de este país.
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Centenares de mujeres sospechosas de abortar son perseguidas por el sistema de justicia de este país centroamericano y deben vivir el infierno de la cárcel, condenadas al olvido y enterradas en la miseria.
En el 2007, las autoridades registaron 6.500 abortos, de los cuales un casi 30% fueron de niñas entre 10 y 18 años de edad. Mientras que en el 2008, se atendieron 6,856 casos de abortos, entre espontáneos y sépticos. Hubo 29 muertes maternas
Para el Estado salvadoreño, Karina Climaco era una asesina. Sin más matices, los jueces ordenaron su traslado directo del hospital a la cárcel, donde debía pagar una condena de 30 años. La sospecha de haber inducido su aborto fue la primera causa por la que el sistema de justicia decidió privarla de libertad. Y es que en El Salvador, al igual que Nicaragua, Chile y República Dominicana, las leyes reconocen “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” y atentar contra ella es un delito de homicidio.
La historia de Karina del Carmen Clímaco es un ejemplo de lo que ocurre a muchas mujeres jóvenes en países como El Salvador. Esta joven a pesar de haberse sometido a una esterilización en un hospital público, salió embarazada de su cuarto hijo.
En la madrugada del 17 de enero de 2002, mientras el resto de su familia dormía, Karina sufrió fuertes dolores y se dirigió como pudo al baño, donde vivió un doloroso parto sin ayuda médica, ni de nadie, sufriendo una intensa hemorragia que le provocó que se desmayase.
De inmediato, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que decidió llevarla al hospital más cercano para salvarle la vida, donde los doctores que la atendieron determinaron que se había provocado un aborto. Desde ese momento, Karina, de 22 años, pasó de ser una paciente a una sospechosa de aborto y luego de homicidio.
Tuvieron que pasar 7 años, para que su caso se hiciera público, y despertara así la solidaridad de las mujeres organizadas de El Salvador y comenzaran a trabajar por su libertad. Un trabajo duro, pero que tras lograr su libertad, se sembró un precedente de gran importancia para las mujeres de este país.
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Las argentinas se movilizan por la despenalización del aborto
Unas 1.000 integrantes del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, más conocido como Las Juanas, presentaron en distintos tribunales del país un habeas corpus “colectivo y preventivo” para que la penalización del aborto sea declarada inconstitucional.
También pidieron que se exhorte al Poder Legislativo a adecuar la norma vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo con la normativa internacional que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“Elegimos el habeas corpus porque es la figura que protege la libertad de las personas y, en forma preventiva, pedimos que la justicia nos ampare si quedamos embarazadas y queremos interrumpirlo”, explicó a IPS Gabriela Sosa, de Las Juanas.
Sosa, que es la coordinadora de la organización en la oriental provincia de Santa Fe y una de las firmantes de la presentación, explicó que el marco político y social es muy adecuado ahora para avanzar en una norma que despenalice el aborto.
“Hace un tiempo no nos podíamos imaginar que Argentina iba a tener una ley de matrimonio igualitario y este año se logró porque hay una preocupación social por debatir estos temas y los políticos la recogen”, declaró.
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Palabra de Mujer
También pidieron que se exhorte al Poder Legislativo a adecuar la norma vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo con la normativa internacional que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“Elegimos el habeas corpus porque es la figura que protege la libertad de las personas y, en forma preventiva, pedimos que la justicia nos ampare si quedamos embarazadas y queremos interrumpirlo”, explicó a IPS Gabriela Sosa, de Las Juanas.
Sosa, que es la coordinadora de la organización en la oriental provincia de Santa Fe y una de las firmantes de la presentación, explicó que el marco político y social es muy adecuado ahora para avanzar en una norma que despenalice el aborto.
“Hace un tiempo no nos podíamos imaginar que Argentina iba a tener una ley de matrimonio igualitario y este año se logró porque hay una preocupación social por debatir estos temas y los políticos la recogen”, declaró.
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Palabra de Mujer
Por una Maternidad Libre y Voluntaria ...
TIEMPO DE MUJERES
Lucía Lagunes Huerta.
En toda América Latina y El Caribe, mujeres organizadas y sus instituciones, conmemorarán un día más de Acción por la Despenalización del Aborto, una estrategia coordinada para lograr que gobiernos y sociedades, entiendan la urgencia de evitar que las mujeres mueran por abortos practicados en condiciones insalubres y/o por personal no capacitado.
Si bien la condición insegura del aborto, no es la causa de la insalubridad y de la falta de personal capacitado para practicarlo, es un elemento fundamental que agudiza la desigualdad de las mujeres.
Aquellas que tienen recursos económicos podrán pagar lo necesario para garantizar una aborto en óptimas condiciones, pero quienes son pobres tendrán que recurrir a personal no calificado, o al remedio “casero”, que va desde cargar algo pesado, tirarse por las escaleras, introducirse en el útero agujas de tejer o algodón con sosa para interrumpir el embarazo.
Cada una de estas mujeres está consciente de que puede perder la vida, que puede perforarse no sólo el útero sino los intestinos, que las lesiones que queden, si salvan la vida, tendrán costos en su salud muy altos y, aun así, decidirán no continuar con el embarazo, por muchísimas razones, una de ellas, la de no tener condiciones materiales, ni emocionales para continuar con ese embarazo.
A ninguna de ellas, se le respetó su derecho a elegir de manera libre y voluntaria su maternidad, a ninguna de ellas, el Estado les garantizó las condiciones óptimas para desarrollar su sexualidad libre de violencia.
Durante años, las feministas han documentado que detrás de cada embarazo no deseado, hay mucha violencia contra las mujeres, mujeres casadas que no pueden decidir si quieren o no tener relaciones sexuales con su pareja, porque la coerción, el miedo y la obligación conyugal se lo impiden.
Mujeres que inician su vida sexual bajo el chantaje o la amenaza de su pareja sentimental. En 2003 casi la mitad de las jóvenes menores de 15 años que habían iniciado su vida sexual, lo hicieron bajo presión, demostró la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de ese año.
Es decir, que se trata de casos en los que la relación no fue planeada, ni consensuada, porque desde la agresión y la presión emocional, ellas tampoco pudieron elegir cómo protegerse del embarazo.
Otras son violadas dentro o fuera de su familia, quienes por vergüenza prefieren no denunciar y afrontar las consecuencias solas. Las niñas y adolescentes, además de la violencia sexual, en ocasiones son nuevamente violentadas al obligarlas a continuar con el embarazo y asumir una maternidad producto de la violación.
Y en cada uno de estos casos, y en otros más, estas mujeres recurren al aborto, cuando los gobiernos y las sociedades no reconocen esta violencia y mantienen penalizado el aborto orillando a las mujeres a arriesgar su vida, unas 70 mil al año mueren por ello, sobre todo en países en pobres y con leyes que penalizan y criminalizan el aborto.
Lograr hacer entender que penalizar el aborto no lo evita, sólo provoca la muerte de las mujeres, es una labor que podemos hacer quienes estamos en los medios de comunicación, por ello este año CIMAC inicia la Campaña Regional por una Maternidad Libre y Voluntaria.
Para que las mujeres puedan ejercer este derecho: elegir ser o no madres, es fundamental que cuenten con una vida libre de violencia, con acceso a toda la gama de anticonceptivos, con educación sexual integral y laica y un Estado protector de sus derechos humanos.
Esta es una de las muchas realidades que compartimos los países que integramos Mesoamérica, mirar en conjunto nos permite lograr más a largo plazo.
Por ello, hemos dispuesto un micrositio con información para que sea consultada y contribuya a documentar lo que viven miles de mujeres en México, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. La dirección para que puedas acercarte a ella es:
http://www.cimacnoticias.com/site/Campana-Regional-por-una-Mater.44318.0.html
http://mujeresporlademocracia.blogspot.com/
Lucía Lagunes Huerta.
En toda América Latina y El Caribe, mujeres organizadas y sus instituciones, conmemorarán un día más de Acción por la Despenalización del Aborto, una estrategia coordinada para lograr que gobiernos y sociedades, entiendan la urgencia de evitar que las mujeres mueran por abortos practicados en condiciones insalubres y/o por personal no capacitado.
Si bien la condición insegura del aborto, no es la causa de la insalubridad y de la falta de personal capacitado para practicarlo, es un elemento fundamental que agudiza la desigualdad de las mujeres.
Aquellas que tienen recursos económicos podrán pagar lo necesario para garantizar una aborto en óptimas condiciones, pero quienes son pobres tendrán que recurrir a personal no calificado, o al remedio “casero”, que va desde cargar algo pesado, tirarse por las escaleras, introducirse en el útero agujas de tejer o algodón con sosa para interrumpir el embarazo.
Cada una de estas mujeres está consciente de que puede perder la vida, que puede perforarse no sólo el útero sino los intestinos, que las lesiones que queden, si salvan la vida, tendrán costos en su salud muy altos y, aun así, decidirán no continuar con el embarazo, por muchísimas razones, una de ellas, la de no tener condiciones materiales, ni emocionales para continuar con ese embarazo.
A ninguna de ellas, se le respetó su derecho a elegir de manera libre y voluntaria su maternidad, a ninguna de ellas, el Estado les garantizó las condiciones óptimas para desarrollar su sexualidad libre de violencia.
Durante años, las feministas han documentado que detrás de cada embarazo no deseado, hay mucha violencia contra las mujeres, mujeres casadas que no pueden decidir si quieren o no tener relaciones sexuales con su pareja, porque la coerción, el miedo y la obligación conyugal se lo impiden.
Mujeres que inician su vida sexual bajo el chantaje o la amenaza de su pareja sentimental. En 2003 casi la mitad de las jóvenes menores de 15 años que habían iniciado su vida sexual, lo hicieron bajo presión, demostró la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de ese año.
Es decir, que se trata de casos en los que la relación no fue planeada, ni consensuada, porque desde la agresión y la presión emocional, ellas tampoco pudieron elegir cómo protegerse del embarazo.
Otras son violadas dentro o fuera de su familia, quienes por vergüenza prefieren no denunciar y afrontar las consecuencias solas. Las niñas y adolescentes, además de la violencia sexual, en ocasiones son nuevamente violentadas al obligarlas a continuar con el embarazo y asumir una maternidad producto de la violación.
Y en cada uno de estos casos, y en otros más, estas mujeres recurren al aborto, cuando los gobiernos y las sociedades no reconocen esta violencia y mantienen penalizado el aborto orillando a las mujeres a arriesgar su vida, unas 70 mil al año mueren por ello, sobre todo en países en pobres y con leyes que penalizan y criminalizan el aborto.
Lograr hacer entender que penalizar el aborto no lo evita, sólo provoca la muerte de las mujeres, es una labor que podemos hacer quienes estamos en los medios de comunicación, por ello este año CIMAC inicia la Campaña Regional por una Maternidad Libre y Voluntaria.
Para que las mujeres puedan ejercer este derecho: elegir ser o no madres, es fundamental que cuenten con una vida libre de violencia, con acceso a toda la gama de anticonceptivos, con educación sexual integral y laica y un Estado protector de sus derechos humanos.
Esta es una de las muchas realidades que compartimos los países que integramos Mesoamérica, mirar en conjunto nos permite lograr más a largo plazo.
Por ello, hemos dispuesto un micrositio con información para que sea consultada y contribuya a documentar lo que viven miles de mujeres en México, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. La dirección para que puedas acercarte a ella es:
http://www.cimacnoticias.com/site/Campana-Regional-por-una-Mater.44318.0.html
http://mujeresporlademocracia.blogspot.com/
El número de abortos baja en España por primera vez desde su legalización, en 1985
Por primera vez desde que se legalizó el aborto en España, hace 25 años, ha bajado el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Según datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, en 2009 los abortos se han recortado más de un 3%, y todo apunta a que el descenso se debe a la liberalización de la llamada 'píldora del día después'.
Según los datos aportados por las comunidades autónomas a la Cadena SER, en 2009 se registraron en España alrededor de 112.000 abortos. Son 4.000 menos que el año anterior y supone una disminución de más del 3% con respecto al año 2008.
Es un balance todavía provisional, pero confirma que España logra romper la histórica tendencia al alza de la tasa de abortos. Desde que en 1985 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, la curva no ha dejado de crecer.
El efecto 'píldora del día después'
Los expertos creen que el descenso se debe, entre otros factores, a una de las medidas de prevención tomada por el Gobierno hace ahora un año: la venta sin receta médica en las farmacias de la 'píldora del día después' Se liberalizó a finales de septiembre del año pasado, por lo que su efecto sobre la estadística se limita solamente a los últimos tres meses del año.
Los especialistas pronostican que estas intervenciones seguirán bajando en este 2010, y no sólo como consecuencia de la venta libre de la píldora, sino tambien por la nueva ley de plazos del aborto, que tiene entre sus objetivos evitar los embarazos no deseados.
http://www.e-mujeres.net/
Según los datos aportados por las comunidades autónomas a la Cadena SER, en 2009 se registraron en España alrededor de 112.000 abortos. Son 4.000 menos que el año anterior y supone una disminución de más del 3% con respecto al año 2008.
Es un balance todavía provisional, pero confirma que España logra romper la histórica tendencia al alza de la tasa de abortos. Desde que en 1985 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, la curva no ha dejado de crecer.
El efecto 'píldora del día después'
Los expertos creen que el descenso se debe, entre otros factores, a una de las medidas de prevención tomada por el Gobierno hace ahora un año: la venta sin receta médica en las farmacias de la 'píldora del día después' Se liberalizó a finales de septiembre del año pasado, por lo que su efecto sobre la estadística se limita solamente a los últimos tres meses del año.
Los especialistas pronostican que estas intervenciones seguirán bajando en este 2010, y no sólo como consecuencia de la venta libre de la píldora, sino tambien por la nueva ley de plazos del aborto, que tiene entre sus objetivos evitar los embarazos no deseados.
http://www.e-mujeres.net/
“Esclavas del Poder. Un Viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo”,
Por Gladis Torres Ruiz
“Esclavas del Poder. Un Viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo”, revela las complicidades existentes para que este delito genere millonarias ganancias alrededor del mundo, y alerta a las autoridades para combatirlo, coincidieron la periodista Carmen Aristegui y el escritor Juan Villoro.
En el centro de convenciones del World Trade Center, durante la presentación del nuevo libro de la periodista Lydia Cacho, Carmen Aristegui, dijo que se trata de un extraordinario trabajo de investigación periodística en el que se expone la problemática de la trata de personas, y la forma en que operan las redes del poder en un comercio que ha crecido significativamente.
Una de las comunicadoras de mayor credibilidad en el país, aseguró que el trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como su valentía le han valido a Lydia adquirir un gran alcance y reconocimiento internacional, siendo reconocida con un sin fin de galardones por su trabajo periodístico.
Gracias a su labor como activista y por alzar la voz sobre las injusticias que se viven en México, Lydia se ha convertido en una persona incómoda para las autoridades, al grado de ser perseguida y violentada de diversas maneras.
Criticó el hecho de que Lydia represente a España en la campaña Corazón Azul contra la trata de personas que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), país donde también hay una fundación que lleva su nombre, y no represente a su propio país México. Son de las cosas “curiosas” o más bien penosas que rodean la vida de Lydia.
Aristegui, refirió que en el libro Lydia denuncia nuevamente la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo, aborda el aspecto, tal vez el más silencioso pero el más perturbador de esta problemática; la trata de mujeres y de niñas y su explotación sexual comercial, uno de los negocios más lucrativos en el que mujeres sin importar la edad, son controladas, utilizadas y sometidas por sus propietarios.
“Se mete en los vericuetos necesarios para mostrar el mapa de la esclavitud contemporánea, las rutas de este comercio criminal y cómo el fenómeno está entramado a través de un putrefacto involucramiento gubernamental, la complacencia y la indiferencia de amplias capas de la sociedad”.
El también periodista y escritor Juan Villoro coincidió en que el libro contiene un correlato entre la prostitución que se ejerce en “libertad”, con la trata de mujeres, es decir la esclavitud presupone una prostitución que no es tan sórdida, y que es una situación global.
A Lydia, dijo, debemos agradecerle su activismo feminista, gracias a eso fundó un refugio para víctimas de violencia doméstica y trata de personas, es una mujer entregada y excelente periodista.
Criticó los intentos de “legalizar” la prostitución ya que como lo refiere la autora, a largo plazo es algo que facilita la trata de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual”.
“Esclavas del Poder”, es un trabajo al que la autora no ha querido darle una publicidad especial, que no es como el Teletón o la Iniciativa México, pero que en silencio tiene una gran relevancia, ya que le da voz a las víctimas, son ellas a las que podemos escuchar en este libro”.
http://asociacionportimujer.blogspot.com/
Doble moral en los medios: denuncian el trafico de mujeres y se lucran con el
El próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La incertidumbre rodea a la Ley del Aborto hasta el último día.
Tras superar un camino lleno de obstáculos, a partir del próximo lunes las mujeres españolas gozarán del derecho a decidir su maternidad.
Ameco Press
El próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proceso, aun habiéndose finalizado en un plazo respetable, no ha estado libre de obstáculos. El resultado, como era de esperar, y a pesar de la acogida positiva por amplios sectores sociales, sigue contando con detractores y con reticencias acerca de sus últimos pasos por parte de quienes se ven afectados directamente en su profesión.
Aunque la subcomisión parlamentaria de igualdad que se encargó del debate público no se creó hasta septiembre de 2008, ya en 2007 se alzaron las primeras voces que dejaban vislumbrar la intención política de lo que iba a ser la reforma de una ley del aborto que tras 22 años de vigencia ya no representaba las necesidades y los intereses de la sociedad española.
Con unas elecciones por delante, el PSOE animaba con timidez a reformar el texto (lo incluyó abiertamente en la campaña de 2004, pero en 2008 sólo hacía mención a la necesidad del debate), mientras que el Partido Popular se mostró contrario a incluir la posibilidad en su campaña electoral. El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados, Josep A. Duran i Lleida, afirmó que “sobre el debate del aborto no hay otro debate social abierto que la vulneración de la ley”.
Incursiones judiciales
Las palabras de Lleida no quedaban en el aire. En los juzgados ya estaba en marcha una batalla legal que llevó a siete médicos a la cárcel por haber realizado supuestamente abortos ilegales acogiéndose con falsedad a uno de los supuestos de la ley vigente: peligro del embarazo para la salud de la madre.
Las denuncias de varios grupos de los llamados "provida" a diversas clínicas de interrupción del embarazo llevaron a 28 mujeres a declarar ante el juez por los abortos que se les habían practicado. Se consultó para ello sus historias médicas, vulnerando así su derecho a la privacidad.
Además, en una intervención a la clínica Isadora de Madrid, la Guardia Civil se llevó varios contenedores con los residuos de los abortos realizados. Tras un proceso lleno de irregularidades, se probó que ninguno de los restos pertenecía a un feto mayor de 22 semanas, denuncia inicial que causó la investigación.
El debate, ya encendido, caló tanto en la opinión pública que el 14 de enero de 2008, Maria Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, manifestó que tras estas circunstancias existía una ofensiva contra el derecho al aborto. “No voy a permitir que ninguna mujer vea afectada su intimidad ni sus derechos fundamentales”, declaró.
En abril de ese año, una jueza archivó la causa contra las mujeres que habían abortado en la clínica del doctor Morín de Barcelona al estimar que ellas no habían sido conscientes de realizar ninguna ilegalidad. El doctor, sin embargo, no ha podido ver el final de su proceso hasta hace un par de semanas, cuando el juzgado decidió sobreseer su causa porno encontrar indicio de delito.
Habla la ciudadanía
Mientras, se sucedían las concentraciones ciudadanas en casi todas las ciudades españolas tanto a favor como en contra de una ley que despenalizaría para siempre el derecho a abortar. El debate estaba en la calle.
En el arranque de la campaña electoral de 2008, allá por febrero, las asociaciones feministas se concentraban frente al busto de Clara Campoamor en la capital para exigir la retirada del aborto del código penal. “Mi cuerpo, mi decisión, nuestros derechos. Aborto libre y gratuito”, rezaba la campaña. En ésta y en muchas otras ciudades, miles de mujeres (y algún que otro hombre) entregaron documentos de autoinculpación de aborto en los juzgados, en solidaridad con las mujeres llamadas a declarar.
Justa Montero lamentó entonces el anacronismo de que “después de 30 años las mujeres sigamos inculpándonos y utilizando actos de presión, como el que hoy nos inculpemos por haber abortado”.
Los ataques no pacíficos antiabortistas tomaron la calle en más de una ocasión. Clínicas de Madrid y de Barcelona sufrieron ataques violentos de grupos de extrema derecha, tanto hacia profesionales y pacientes como a las instalaciones, que se repitieron durante meses.
La subcomisión de igualdad
Con la nueva legislatura del PSOE en marcha, PP y CiU se opusieron de nuevo a la creación de una Subcomisión de Igualdad para debatir la reforma de la ley, pero la propuesta salió adelante en octubre de 2008 por 176 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones.
Los siguientes seis meses la subcomisión parlamentaria escucharía a representantes de profesionales médicos, feministas y grupos de presión para evaluar los elementos que habrían de conformar una nueva ley.
Su trabajo fue el de redactar, tras escuchar a las partes, un estudio sobre funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada, así como determinar si existía o no suficiente seguridad jurídica en los procesos de interrupción del embarazo.
Mientras, en la calle, diferentes manifestaciones ciudadanas tomaban el pulso a la opinión pública. La organización no gubernamental Women on Waves trajo el 16 de octubre de 2008 al puerto de Valencia su polémico barco. En él hacía incursiones en aguas internacionales para poder realizar abortos dentro de la legislación de su bandera.
El barco holandés estaba autorizado por su país para realizar las interrupciones hasta las siete semanas por medio farmacológico. Su objetivo, como indicó la doctora Rebeca Gomperts, era evidenciar las dificultades de acceso a este “derecho sexual y reproductivo básico”.
El 10 de noviembre precisamente a Justa Montero se le encargó abrir las intervenciones en la subcomisión. Allí fundamentó la necesidad de la reforma de la ley en un principio ético: “el del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios, tomar sus decisiones y actuar sobre los muy distintos dilemas que se pueden presentar en su vida, entre los que la maternidad es uno de ellos particularmente relevante”.
“Muchos años han pasado desde 1985 y una sociedad que ha experimentado tan grandes avances en el reconocimiento de nuevos derechos tendría que avergonzarse de no aceptar que detrás de una mujer que decide abortar hay un duro proceso, íntimo y personal, que requiere respeto, protección legal y cuidados sanitarios”, manifestó Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, en respuesta a quienes pretendían defender que el aborto se utilizaría como un método anticonceptivo más.
Las comparecencias en la subcomisión terminaron el 17 de diciembre de ese mismo año, tras 30 intervenciones decididas por los diferentes partidos. Así, entre las personas llamadas a comparecer por el PP, estuvo el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien argumentó que “el aborto no es una opción deseada por la mujer, sino que es fruto del acoso que sufre, y constituye un fracaso de la sociedad”.
Días después ya se hablaba desde el Gobierno de la conveniencia de redactar una nueva ley basada en los plazos, que permitiese la libertad de elección de la mujer y que la despenalizase.
Desarrollo legislativo: el último paso, tembloroso
Todo un año hubo que esperar para la redacción del texto y las sucesivas correcciones. En mayo de 2009 se presentó el anteproyecto, y en diciembre superó el Congreso con el voto en contra del PP. Finalmente el Senado, de mayoría conservadora, vota a favor de la nueva ley en febrero de este año. Desde ese momento el Gobierno ha contado con cuatro meses para preparar el desarrollo legislativo que permita la adecuada entrada en vigor, el próximo lunes 5 de julio.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó los dos reales decretos que desarrollan por el momento el contenido de la Ley. Curiosamente, aunque el peso de redactar el texto e incluso los decretos que lo desarrollan recayó en el Ministerio de Igualdad, éstos llevan la firma del Ministerio de Sanidad y del de la Presidencia al ser aprobados. Curiosamente también a última hora introducen novedades insospechadas.
La Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, ACAI, presentó ayer en rueda de prensa las dificultades que encuentra en la aplicación de la nueva ley. Entre otras, su presidente, Santiago Barambio, manifestó su sorpresa por el cambio producido a última hora en lo referente a las menores de edad que deseen abortar, que en contra de lo previsto deberán ir acompañadas de madre, padre o representante legal.
Asimismo, llamó la atención sobre la dificultad de cumplir los requisitos legales establecidos cuando éstos dependen en gran medida de las Comunidades Autónomas ...
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Tras superar un camino lleno de obstáculos, a partir del próximo lunes las mujeres españolas gozarán del derecho a decidir su maternidad.
Ameco Press
El próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proceso, aun habiéndose finalizado en un plazo respetable, no ha estado libre de obstáculos. El resultado, como era de esperar, y a pesar de la acogida positiva por amplios sectores sociales, sigue contando con detractores y con reticencias acerca de sus últimos pasos por parte de quienes se ven afectados directamente en su profesión.
Aunque la subcomisión parlamentaria de igualdad que se encargó del debate público no se creó hasta septiembre de 2008, ya en 2007 se alzaron las primeras voces que dejaban vislumbrar la intención política de lo que iba a ser la reforma de una ley del aborto que tras 22 años de vigencia ya no representaba las necesidades y los intereses de la sociedad española.
Con unas elecciones por delante, el PSOE animaba con timidez a reformar el texto (lo incluyó abiertamente en la campaña de 2004, pero en 2008 sólo hacía mención a la necesidad del debate), mientras que el Partido Popular se mostró contrario a incluir la posibilidad en su campaña electoral. El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados, Josep A. Duran i Lleida, afirmó que “sobre el debate del aborto no hay otro debate social abierto que la vulneración de la ley”.
Incursiones judiciales
Las palabras de Lleida no quedaban en el aire. En los juzgados ya estaba en marcha una batalla legal que llevó a siete médicos a la cárcel por haber realizado supuestamente abortos ilegales acogiéndose con falsedad a uno de los supuestos de la ley vigente: peligro del embarazo para la salud de la madre.
Las denuncias de varios grupos de los llamados "provida" a diversas clínicas de interrupción del embarazo llevaron a 28 mujeres a declarar ante el juez por los abortos que se les habían practicado. Se consultó para ello sus historias médicas, vulnerando así su derecho a la privacidad.
Además, en una intervención a la clínica Isadora de Madrid, la Guardia Civil se llevó varios contenedores con los residuos de los abortos realizados. Tras un proceso lleno de irregularidades, se probó que ninguno de los restos pertenecía a un feto mayor de 22 semanas, denuncia inicial que causó la investigación.
El debate, ya encendido, caló tanto en la opinión pública que el 14 de enero de 2008, Maria Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, manifestó que tras estas circunstancias existía una ofensiva contra el derecho al aborto. “No voy a permitir que ninguna mujer vea afectada su intimidad ni sus derechos fundamentales”, declaró.
En abril de ese año, una jueza archivó la causa contra las mujeres que habían abortado en la clínica del doctor Morín de Barcelona al estimar que ellas no habían sido conscientes de realizar ninguna ilegalidad. El doctor, sin embargo, no ha podido ver el final de su proceso hasta hace un par de semanas, cuando el juzgado decidió sobreseer su causa porno encontrar indicio de delito.
Habla la ciudadanía
Mientras, se sucedían las concentraciones ciudadanas en casi todas las ciudades españolas tanto a favor como en contra de una ley que despenalizaría para siempre el derecho a abortar. El debate estaba en la calle.
En el arranque de la campaña electoral de 2008, allá por febrero, las asociaciones feministas se concentraban frente al busto de Clara Campoamor en la capital para exigir la retirada del aborto del código penal. “Mi cuerpo, mi decisión, nuestros derechos. Aborto libre y gratuito”, rezaba la campaña. En ésta y en muchas otras ciudades, miles de mujeres (y algún que otro hombre) entregaron documentos de autoinculpación de aborto en los juzgados, en solidaridad con las mujeres llamadas a declarar.
Justa Montero lamentó entonces el anacronismo de que “después de 30 años las mujeres sigamos inculpándonos y utilizando actos de presión, como el que hoy nos inculpemos por haber abortado”.
Los ataques no pacíficos antiabortistas tomaron la calle en más de una ocasión. Clínicas de Madrid y de Barcelona sufrieron ataques violentos de grupos de extrema derecha, tanto hacia profesionales y pacientes como a las instalaciones, que se repitieron durante meses.
La subcomisión de igualdad
Con la nueva legislatura del PSOE en marcha, PP y CiU se opusieron de nuevo a la creación de una Subcomisión de Igualdad para debatir la reforma de la ley, pero la propuesta salió adelante en octubre de 2008 por 176 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones.
Los siguientes seis meses la subcomisión parlamentaria escucharía a representantes de profesionales médicos, feministas y grupos de presión para evaluar los elementos que habrían de conformar una nueva ley.
Su trabajo fue el de redactar, tras escuchar a las partes, un estudio sobre funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada, así como determinar si existía o no suficiente seguridad jurídica en los procesos de interrupción del embarazo.
Mientras, en la calle, diferentes manifestaciones ciudadanas tomaban el pulso a la opinión pública. La organización no gubernamental Women on Waves trajo el 16 de octubre de 2008 al puerto de Valencia su polémico barco. En él hacía incursiones en aguas internacionales para poder realizar abortos dentro de la legislación de su bandera.
El barco holandés estaba autorizado por su país para realizar las interrupciones hasta las siete semanas por medio farmacológico. Su objetivo, como indicó la doctora Rebeca Gomperts, era evidenciar las dificultades de acceso a este “derecho sexual y reproductivo básico”.
El 10 de noviembre precisamente a Justa Montero se le encargó abrir las intervenciones en la subcomisión. Allí fundamentó la necesidad de la reforma de la ley en un principio ético: “el del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios, tomar sus decisiones y actuar sobre los muy distintos dilemas que se pueden presentar en su vida, entre los que la maternidad es uno de ellos particularmente relevante”.
“Muchos años han pasado desde 1985 y una sociedad que ha experimentado tan grandes avances en el reconocimiento de nuevos derechos tendría que avergonzarse de no aceptar que detrás de una mujer que decide abortar hay un duro proceso, íntimo y personal, que requiere respeto, protección legal y cuidados sanitarios”, manifestó Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, en respuesta a quienes pretendían defender que el aborto se utilizaría como un método anticonceptivo más.
Las comparecencias en la subcomisión terminaron el 17 de diciembre de ese mismo año, tras 30 intervenciones decididas por los diferentes partidos. Así, entre las personas llamadas a comparecer por el PP, estuvo el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien argumentó que “el aborto no es una opción deseada por la mujer, sino que es fruto del acoso que sufre, y constituye un fracaso de la sociedad”.
Días después ya se hablaba desde el Gobierno de la conveniencia de redactar una nueva ley basada en los plazos, que permitiese la libertad de elección de la mujer y que la despenalizase.
Desarrollo legislativo: el último paso, tembloroso
Todo un año hubo que esperar para la redacción del texto y las sucesivas correcciones. En mayo de 2009 se presentó el anteproyecto, y en diciembre superó el Congreso con el voto en contra del PP. Finalmente el Senado, de mayoría conservadora, vota a favor de la nueva ley en febrero de este año. Desde ese momento el Gobierno ha contado con cuatro meses para preparar el desarrollo legislativo que permita la adecuada entrada en vigor, el próximo lunes 5 de julio.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó los dos reales decretos que desarrollan por el momento el contenido de la Ley. Curiosamente, aunque el peso de redactar el texto e incluso los decretos que lo desarrollan recayó en el Ministerio de Igualdad, éstos llevan la firma del Ministerio de Sanidad y del de la Presidencia al ser aprobados. Curiosamente también a última hora introducen novedades insospechadas.
La Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, ACAI, presentó ayer en rueda de prensa las dificultades que encuentra en la aplicación de la nueva ley. Entre otras, su presidente, Santiago Barambio, manifestó su sorpresa por el cambio producido a última hora en lo referente a las menores de edad que deseen abortar, que en contra de lo previsto deberán ir acompañadas de madre, padre o representante legal.
Asimismo, llamó la atención sobre la dificultad de cumplir los requisitos legales establecidos cuando éstos dependen en gran medida de las Comunidades Autónomas ...
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María Consuelo Mejía Piñeiros, “Jesucristo fue el primer feminista de la historia”
Entrevista a María Consuelo Mejía Piñeiros, Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, México.
“El Código Canónico contempla numerosas excepciones para la excomunión por el aborto y esas consideraciones cobijan a todas las mujeres que tienen aborto en América latina”, afirma la mexicana Mejía Piñeiros, quien ha recibido numerosos premios internacionales por la defensa de los derechos humanos de la mujer.
–¿Cómo puede ser católica y feminista?
–Jesucristo fue el primer feminista de la historia.
–¿Cómo dice?
–Cuando indagás un poco y quitás la costra de la intolerancia que la jerarquía católica ha construido sobre el mensaje básico de Jesús y de los Evangelios, te das cuenta de que hay otras cosas. Por ejemplo, Jesús mostró en su vida pública que las mujeres para él eran importantes. Rompió con muchos estereotipos de su época. Por ejemplo, se acercó a la hemorroísa, la mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía doce años y la curó. En aquel entonces la menstruación era un signo total de impureza. Las mujeres menstruando no podían ir al templo. Había toda una serie de tradiciones en relación con eso. Jesucristo rompió con todo eso y estableció un diálogo con la hemorroísa. Se acercó también a las prostitutas. Pero digo que fue el primer feminista de la historia sobre todo porque tenía un mensaje de misericordia, de compasión, de bondad, de igualdad. Desde Católicas por el Derecho a Decidir encontramos esa raigambre y luego nos damos cuenta de que hay postulados de la Iglesia Católica como el de la libertad de conciencia y los juntamos con los postulados básicos del feminismo y concluimos que, si como dice la misma doctrina, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para discernir y para el libre albedrío, no estamos hablando de personas que no tengan la posibilidad de tomar los derechos que defiende el feminismo. Feminismo y catolicismo obviamente son una mezcla explosiva porque desde el feminismo estamos cuestionando muchas cosas que se están planteando como si fueran las únicas posibles en la Iglesia Católica, cuando no se trata de doctrina.
–¿En base a qué argumentos pueden los católicos convencerse de que no son malos creyentes si apoyan la despenalización del aborto?
–El argumento fundamental es la confianza en la autoridad moral de las mujeres para tomar esas decisiones y el convencimiento de que la maternidad tiene que ser voluntaria, que la violencia y la desigualdad están causando embarazos que las mujeres no buscan, no quieren, no planean. Y que una mirada misericordiosa y caritativa de la vida tiene que permitirles por lo menos decidir si quieren traer una criatura al mundo o si tienen derecho a interrumpir un embarazo que no buscaron. Hay otros argumentos al interior de la misma doctrina como por ejemplo que el Código de Derecho Canónico, que es la ley interna de la Iglesia, establece eximentes de culpabilidad a la máxima pena que aplica el mismo Código. El Código de Derecho Canónico solamente considera dos crímenes que son sujetos de la aplicación de la pena de excomunión inmediata: el intento de matar al Papa y el aborto. Pero en los cánones 13.23, 13.24 y 13.25 dice que ante determinadas circunstancias esa pena no se aplica: de plano deja de considerar el aborto como delito y el intento de matar al Papa, cuando la persona era menor de 16 años, cuando actuó por miedo, por culpa o porque pensaba que con esa acción prevenía un mal mayor, cuando ignoraba que estaba infringiendo una ley. Estas consideraciones cobijan todos los abortos que tienen las mujeres por lo menos en América latina. Esa situación que la gente no conoce, porque la jerarquía se ha encargado de que no sea tan público, es un argumento bastante convincente para tomadores de decisiones. Hay que recordar que no hay dogma en las enseñanzas morales, y que la misma doctrina católica contempla la libertad de conciencia y el probabilismo.
–¿Qué es el probabilismo?
–Es un principio que se desarrolló cuando la reforma de Lutero. Por entonces se generó un movimiento al interior de la Iglesia, que es tan grave y tan delicado como el que está habiendo ahora con el tema del abuso sexual, y no había ninguna certeza. Ese principio dice: cuando hay duda frente a las enseñanzas morales, hay libertad. No se pueden imponer los preceptos morales. Es muy importante tomar en cuenta lo que fue el Concilio Vaticano II. Nosotras surgimos un poco por eso: es un llamado al laicado para que participe más en los designios de la Iglesia, es un reconocimiento de que la ciencia tiene un papel que jugar, que la teología no lo resuelve todo, es una aceptación de que no solamente la Iglesia Católica es la vía de la salvación. El Concilio Vaticano II también da una base para hablar del derecho a decidir de las mujeres católicas a interrumpir un embarazo.
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Palabra de Mujer
“El Código Canónico contempla numerosas excepciones para la excomunión por el aborto y esas consideraciones cobijan a todas las mujeres que tienen aborto en América latina”, afirma la mexicana Mejía Piñeiros, quien ha recibido numerosos premios internacionales por la defensa de los derechos humanos de la mujer.
–¿Cómo puede ser católica y feminista?
–Jesucristo fue el primer feminista de la historia.
–¿Cómo dice?
–Cuando indagás un poco y quitás la costra de la intolerancia que la jerarquía católica ha construido sobre el mensaje básico de Jesús y de los Evangelios, te das cuenta de que hay otras cosas. Por ejemplo, Jesús mostró en su vida pública que las mujeres para él eran importantes. Rompió con muchos estereotipos de su época. Por ejemplo, se acercó a la hemorroísa, la mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía doce años y la curó. En aquel entonces la menstruación era un signo total de impureza. Las mujeres menstruando no podían ir al templo. Había toda una serie de tradiciones en relación con eso. Jesucristo rompió con todo eso y estableció un diálogo con la hemorroísa. Se acercó también a las prostitutas. Pero digo que fue el primer feminista de la historia sobre todo porque tenía un mensaje de misericordia, de compasión, de bondad, de igualdad. Desde Católicas por el Derecho a Decidir encontramos esa raigambre y luego nos damos cuenta de que hay postulados de la Iglesia Católica como el de la libertad de conciencia y los juntamos con los postulados básicos del feminismo y concluimos que, si como dice la misma doctrina, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para discernir y para el libre albedrío, no estamos hablando de personas que no tengan la posibilidad de tomar los derechos que defiende el feminismo. Feminismo y catolicismo obviamente son una mezcla explosiva porque desde el feminismo estamos cuestionando muchas cosas que se están planteando como si fueran las únicas posibles en la Iglesia Católica, cuando no se trata de doctrina.
–¿En base a qué argumentos pueden los católicos convencerse de que no son malos creyentes si apoyan la despenalización del aborto?
–El argumento fundamental es la confianza en la autoridad moral de las mujeres para tomar esas decisiones y el convencimiento de que la maternidad tiene que ser voluntaria, que la violencia y la desigualdad están causando embarazos que las mujeres no buscan, no quieren, no planean. Y que una mirada misericordiosa y caritativa de la vida tiene que permitirles por lo menos decidir si quieren traer una criatura al mundo o si tienen derecho a interrumpir un embarazo que no buscaron. Hay otros argumentos al interior de la misma doctrina como por ejemplo que el Código de Derecho Canónico, que es la ley interna de la Iglesia, establece eximentes de culpabilidad a la máxima pena que aplica el mismo Código. El Código de Derecho Canónico solamente considera dos crímenes que son sujetos de la aplicación de la pena de excomunión inmediata: el intento de matar al Papa y el aborto. Pero en los cánones 13.23, 13.24 y 13.25 dice que ante determinadas circunstancias esa pena no se aplica: de plano deja de considerar el aborto como delito y el intento de matar al Papa, cuando la persona era menor de 16 años, cuando actuó por miedo, por culpa o porque pensaba que con esa acción prevenía un mal mayor, cuando ignoraba que estaba infringiendo una ley. Estas consideraciones cobijan todos los abortos que tienen las mujeres por lo menos en América latina. Esa situación que la gente no conoce, porque la jerarquía se ha encargado de que no sea tan público, es un argumento bastante convincente para tomadores de decisiones. Hay que recordar que no hay dogma en las enseñanzas morales, y que la misma doctrina católica contempla la libertad de conciencia y el probabilismo.
–¿Qué es el probabilismo?
–Es un principio que se desarrolló cuando la reforma de Lutero. Por entonces se generó un movimiento al interior de la Iglesia, que es tan grave y tan delicado como el que está habiendo ahora con el tema del abuso sexual, y no había ninguna certeza. Ese principio dice: cuando hay duda frente a las enseñanzas morales, hay libertad. No se pueden imponer los preceptos morales. Es muy importante tomar en cuenta lo que fue el Concilio Vaticano II. Nosotras surgimos un poco por eso: es un llamado al laicado para que participe más en los designios de la Iglesia, es un reconocimiento de que la ciencia tiene un papel que jugar, que la teología no lo resuelve todo, es una aceptación de que no solamente la Iglesia Católica es la vía de la salvación. El Concilio Vaticano II también da una base para hablar del derecho a decidir de las mujeres católicas a interrumpir un embarazo.
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Palabra de Mujer
México: Católicas por el Derecho a Decidir lanza campaña “Otra mirada católica al aborto”
La ONG Católicas por Derecho a Decidir (CDD) ha lanzado una campaña en 9 de los 32 estados de México informando que hay causas “excluyentes” de la “pena de excomunión inmediata para las mujeres que abortan” en el Derecho Canónico, explicaron hoy sus representantes.
Lema de la campaña; “La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, ¿quieres saber en cuáles?”
La iniciativa, titulada “Otra mirada católica del aborto”, recuerda “lo que ha dicho la tradición católica, (…) que las decisiones tomadas en conciencia son moralmente válidas y deben ser respetadas y salvaguardadas de acuerdo con lo que ha dicho la doctrina católica”, dijo la activista María de la Luz Estrada, del Área de Violencia y Derechos Humanos de CDD.
La Campaña se presentó en una rueda de prensa celebrada en Guadalajara (oeste de México) la iniciativa, que incluye la difusión de carteles, anuncios de radio y trípticos, promovida con motivo de la celebración el pasado viernes del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
La campaña tiene como lema central “La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, ¿quieres saber en cuáles?”, y con ella la ONG pone además a disposición de las mujeres una página electrónica (www.catolicasmexico.org)
y un teléfono gratuito para consultar en detalle y con expertos las situaciones particulares que rodeen un aborto.
La organización recuerda que el Canon 1.323 en la legislación canónica establece que “cuando la mujer es menor de 16 años y recurrió al aborto no se le aplica la pena”.
Tampoco sería excomulgada aquella mujer que aceptó abortar “presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, o si actuó para evitar un grave daño”, ni “cuando ignoraba que infringía una ley” o “si actuó en legítima defensa”.
La activista señaló que la campaña es necesaria en un momento en que en México han avanzado reformas legislativas restrictivas en 17 estados que están “criminalizando a las mujeres” que abortan.
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Lema de la campaña; “La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, ¿quieres saber en cuáles?”
La iniciativa, titulada “Otra mirada católica del aborto”, recuerda “lo que ha dicho la tradición católica, (…) que las decisiones tomadas en conciencia son moralmente válidas y deben ser respetadas y salvaguardadas de acuerdo con lo que ha dicho la doctrina católica”, dijo la activista María de la Luz Estrada, del Área de Violencia y Derechos Humanos de CDD.
La Campaña se presentó en una rueda de prensa celebrada en Guadalajara (oeste de México) la iniciativa, que incluye la difusión de carteles, anuncios de radio y trípticos, promovida con motivo de la celebración el pasado viernes del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
La campaña tiene como lema central “La Iglesia no condena el aborto en muchos casos, ¿quieres saber en cuáles?”, y con ella la ONG pone además a disposición de las mujeres una página electrónica (www.catolicasmexico.org)
y un teléfono gratuito para consultar en detalle y con expertos las situaciones particulares que rodeen un aborto.
La organización recuerda que el Canon 1.323 en la legislación canónica establece que “cuando la mujer es menor de 16 años y recurrió al aborto no se le aplica la pena”.
Tampoco sería excomulgada aquella mujer que aceptó abortar “presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, o si actuó para evitar un grave daño”, ni “cuando ignoraba que infringía una ley” o “si actuó en legítima defensa”.
La activista señaló que la campaña es necesaria en un momento en que en México han avanzado reformas legislativas restrictivas en 17 estados que están “criminalizando a las mujeres” que abortan.
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Aumenta violencia contra mujeres en El Salvador y sigue prohibido el aborto
El Salvador registró un notable aumento de asesinatos de mujeres que alcanzaron los 411 casos el año pasado, y mantuvo en vigor la prohibición total del aborto. Estas son algunas de las conclusiones del informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que se presenta hoy en Londres.
Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, entre enero y septiembre se registraron 411 asesinatos de mujeres, un aumento considerable respecto a 2008.
En numerosos casos, "las víctimas habían sido secuestradas y violadas y se habían mutilado sus cadáveres", según el informe de AI.
El Comité de la ONU contra la Tortura expresó en noviembre su preocupación por la violencia contra las mujeres y las niñas y por la falta de una "investigación rigurosa de las denuncias".
AI también destaca que siguió en vigor la prohibición total del aborto, pese a que un grupo de mujeres de la organización Católicas por el Derecho a Decidir se manifestó ante la Asamblea Legislativa para pedir que se debatiera la cuestión y se introdujeran reformas.
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Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, entre enero y septiembre se registraron 411 asesinatos de mujeres, un aumento considerable respecto a 2008.
En numerosos casos, "las víctimas habían sido secuestradas y violadas y se habían mutilado sus cadáveres", según el informe de AI.
El Comité de la ONU contra la Tortura expresó en noviembre su preocupación por la violencia contra las mujeres y las niñas y por la falta de una "investigación rigurosa de las denuncias".
AI también destaca que siguió en vigor la prohibición total del aborto, pese a que un grupo de mujeres de la organización Católicas por el Derecho a Decidir se manifestó ante la Asamblea Legislativa para pedir que se debatiera la cuestión y se introdujeran reformas.
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