Desde que se aprobó la reforma de la ley del Aborto, el pasado 5 de julio, se ha reactivado el debate sobre la objeción de conciencia de los y las profesionales de la salud que desaprueban la interrupción del embarazo. ¿Quién, cómo, para qué regular la objeción de conciencia?
El desarrollo de esta ley y de la objeción de conciencia en nuestro país es muy desigual: las regiones gobernadas por el PP parecen ignorarla, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha aceptado el primer registro oficial de médicos objetores, mientras que la Junta de Andalucía lo rechazó plenamente.
Las personas especialistas denuncian "el vacío" legal que existe sobre la objeción de los y las profesionales médicos contra prácticas como el aborto.
Un aspecto histórico a destacar en este proceso de regularización e implementación del derecho a abortar de las mujeres es que las restricciones fruto de la objeción de conciencia a la anterior Ley del Aborto, aprobada en 1985, condujeron a un grupo de profesionales de la sanidad pública a crear centros privados donde las intervenciones fueran seguras y de calidad.
Desde entonces, esas clínicas practican el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, lo cierto es que el aborto es un derecho que debe estar garantizado, de forma gratuita, para todas las mujeres. Lo demás son negocios o imposiciones morales.
La Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac) celebró del 21 al 23 de octubre en Sevilla un Congreso que contó con la participación de más de 600 profesionales, procedentes de 53 países, en el que reclamaron que los y las profesionales médicos y sanitarios están “obligados éticamente a facilitar las prestaciones médicas legalmente establecidas, así como, a atender prioritariamente las necesidades básicas de sus pacientes por encima de sus creencias morales privadas”.
LEER MÁS...
No hay comentarios:
Publicar un comentario