El Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre de 2008 el plan contra la trata de seres humanos para su explotación sexual, con un presupuesto superior a los 44 millones de euros, y vigencia de tres años. Se contempló también la creación de un grupo interministerial (Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Justicia, Educación y Políticas Sociales e Igualdad) que, junto a las comunidades autónomas y las diversas organizaciones e instituciones que trabajan con estas mujeres, conformaran un foro contra la trata, desde donde se revisara el funcionamiento del plan y se aportaran sugerencias.
Después de un año, es prácticamente imposible realizar una valoración del plan, ante la falta de datos concretos y con sólo dos reuniones del foro (una de ellas para su constitución).
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es uno de los más lucrativos negocios ilícitos del mundo. Tan solo detrás del tráfico de armas y de drogas. Más del 80% de las víctimas de trata en el mundo, lo son con fines de explotación sexual y de estas, el 80% son mujeres y niñas.
Se calcula que más de dos millones de mujeres y niñas al año son introducidas en redes de trata y explotación sexual. Sin embargo, de acuerdo con los datos ofrecidos en el resumen ejecutivo del Informe Mundial sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2006, en los 111 países que comunicaron información al respecto, sólo se identificaron 21.400 víctimas, bien por los procesos penales seguidos, bien a través de las organizaciones de asistencia a las víctimas. Por eso, este mismo informe habla de una “crisis de conocimientos sobre un delito que es una vergüenza para todos nosotros”.
Desconocimiento
Lo más grave es que esta crisis de conocimiento, que nos impide cuantificar la magnitud del problema, conlleva desatención de las víctimas e impunidad de los tratantes y redes que comercian con mujeres con fines de explotación sexual. En España, a pesar de contar con un plan específico, vigente desde enero de 2009, la situación no es mucho mejor.
El desconocimiento del número global de víctimas en nuestro país, la ignorancia sobre sus perfiles, las carencias sobre la protección social y sanitaria que reciben, son otro espacio de invisibilidad.
“Es evidente que la existencia de este plan supone un avance”, afirma Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza en una entrevista mantenida con AmecoPress. “Sin embargo”, aclara, “las medidas más importantes de protección no se han puesto en marcha.
El plan no tiene carácter de ley, por tanto, no es del todo aplicable. Ha habido que esperar a que se aprobara en noviembre la nueva ley de extranjería, que introduce un artículo dedicado a las víctimas de trata de seres humanos, donde se incluye el correspondiente período de restablecimiento y reflexión concedido a las víctimas de trata.
Pero hasta ese momento, durante once meses, no se ha podido aplicar el periodo de reflexión de las víctimas que recoge el plan y todavía no sabemos cómo se va a aplicar, pues no existe protocolo de actuación
El enfoque de los derechos humanos debería primar
En la introducción y el discurso teórico del plan nacional contra la trata, se incluye el enfoque de los derechos humanos. Pero después, hay muchas lagunas. Es por ello que muchas organizaciones denuncian que en el plan prima un punto de vista policial y de control de los flujos migratorios irregulares.
Algunas de estas deficiencias tienen que ver con la dotación de recursos, si bien el pasado año se incrementaron las ayudas a proyectos concretos de asistencia, a la sensibilización y, en definitiva, a la lucha contra esta forma de esclavitud.
El 6 de marzo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó una partida presupuestaria de 2 millones de euros para la creación de un fondo de ayuda a las víctimas de la trata destinado a mejorar los servicios de atención y a proporcionar protección integral a aquellas que estén en situación de estancia irregular, con el objetivo de ofrecerles seguridad y evitar que los explotadores puedan influir en sus testimonios. Pero el conflicto exige de un amplio campo de trabajo, que requiere personal especializado, medios técnicos y humanos.
Falta de datos y de transparencia
Muchas de las organizaciones y especialistas entrevistadas, destacan que sobre todo echan de menos mecanismos de coordinación y transparencia en la información. Según fuentes del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Interior consultadas por AmecoPress, en poco tiempo estarán disponibles varios informes referidos al año 2009.
En este sentido, los miembros del Grupo interministerial de seguimiento del Plan informaron de la elaboración de tres estudios, abordados durante el año 2009, sobre el fenómeno de la trata, la elaboración de un mapa de recursos existentes y el análisis del tratamiento judicial de los procesos penales relacionados con la trata, sobre la base del actual marco normativo.
Por otra parte, el foro que se creó y que integra también a las asociaciones, sólo se ha reunido una vez en todo el año, además del encuentro para su constitución.
La coordinadora de Programas de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Sara Vicente, afirma que “no hay información transparente” y dice que “hay que proteger a todas las mujeres, no sólo a las que denuncian”. Por su parte, desde Hetaria se advierte que la falta de transparencia genera muchas dudas en las mujeres que están sometidas a la trata; ¿qué confianza pueden tener cuando saben que las mujeres del club de al lado han sido deportadas?”, afirma Carmen Briz.
La prioridad es la protección y el apoyo a las víctimas
Las organizaciones consideran que la protección y el apoyo a las víctimas es el punto fundamental. El plan incluye la transposición de una directiva europea de 2004 en la que se contempla que las víctimas de la trata de seres humanos puedan obtener su permiso de residencia si colaboran con las autoridades. Tendrán 30 días para decidir si denuncian a los traficantes. Pero las organizaciones que trabajan con ellas consideran este tiempo insuficiente y se manifiestan en contra de poner la protección de las mujeres en dependencia de que estas denuncien y colaboren en la persecución de las redes criminales.
Para Hetaira, “la trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial.
Por el contrario, en el plan actual las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar”.
Marta González defiende que “todas las víctimas necesitan y se merecen protección y apoyo con independencia de su situación de irregularidad y de que denuncie o no.
El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería ha introducido una nueva posibilidad den la identificación de datos, pero tiene lagunas: sin reglamento o protocolo no existen pautas de aplicación, además no aplica directamente a las personas comunitarias y se abre un expediente sancionador a las víctimas (expulsión o deportación)”.
Las niñas y mujeres víctimas de la trata, en la mayoría de los casos tienen miedo, están amenazadas y no se atreven a denunciar. Su perfil es amplio, aunque la edad predominante es de 18 a 25 años. No todas están en situación irregular, pese a lo que solemos pensar. Hay mujeres con escasa formación académica, pero también tituladas y con un alto nivel cultural. La trata es un delito que tiene muchas caras.
La legislación no está adaptada a la realidad
Otra de las preocupaciones es acabar con la impunidad de los tratantes y las redes que comercian con mujeres. El Código Penal español todavía no tipifica correctamente el delito de trata. De hecho, las asociaciones y también algunas instituciones como la Fiscalía General de Extranjería, piden desde hace tiempo su reforma. La coordinadora del proyecto Esperanza insiste: “la legislación no está adaptada a realidad”.
La sociedad civil
La trata supone una vulneración de los derechos humanos y el ejercicio de la violencia de distintos modos sobre unas víctimas que se encuentran encadenadas a un sistema de injusticia y, a menudo, de indiferencia.
Ir a la raíz de este conflicto implica cuestionar pilares básicos de la sociedad actual, incluyendo la escala de valores en la que se sustenta. Detrás de la trata está el machismo, está también la injusticia y desigualdad que padecen amplios sectores de la población; la pobreza y la falta de perspectivas que se vive en numerosos países.
“Como sociedad civil nos corresponde vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, promoviendo un enfoque de derechos humanos, e impulsar los cambios necesarios”, afirma Marta González.
AmecoPress.
Después de un año, es prácticamente imposible realizar una valoración del plan, ante la falta de datos concretos y con sólo dos reuniones del foro (una de ellas para su constitución).
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es uno de los más lucrativos negocios ilícitos del mundo. Tan solo detrás del tráfico de armas y de drogas. Más del 80% de las víctimas de trata en el mundo, lo son con fines de explotación sexual y de estas, el 80% son mujeres y niñas.
Se calcula que más de dos millones de mujeres y niñas al año son introducidas en redes de trata y explotación sexual. Sin embargo, de acuerdo con los datos ofrecidos en el resumen ejecutivo del Informe Mundial sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2006, en los 111 países que comunicaron información al respecto, sólo se identificaron 21.400 víctimas, bien por los procesos penales seguidos, bien a través de las organizaciones de asistencia a las víctimas. Por eso, este mismo informe habla de una “crisis de conocimientos sobre un delito que es una vergüenza para todos nosotros”.
Desconocimiento
Lo más grave es que esta crisis de conocimiento, que nos impide cuantificar la magnitud del problema, conlleva desatención de las víctimas e impunidad de los tratantes y redes que comercian con mujeres con fines de explotación sexual. En España, a pesar de contar con un plan específico, vigente desde enero de 2009, la situación no es mucho mejor.
El desconocimiento del número global de víctimas en nuestro país, la ignorancia sobre sus perfiles, las carencias sobre la protección social y sanitaria que reciben, son otro espacio de invisibilidad.
“Es evidente que la existencia de este plan supone un avance”, afirma Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza en una entrevista mantenida con AmecoPress. “Sin embargo”, aclara, “las medidas más importantes de protección no se han puesto en marcha.
El plan no tiene carácter de ley, por tanto, no es del todo aplicable. Ha habido que esperar a que se aprobara en noviembre la nueva ley de extranjería, que introduce un artículo dedicado a las víctimas de trata de seres humanos, donde se incluye el correspondiente período de restablecimiento y reflexión concedido a las víctimas de trata.
Pero hasta ese momento, durante once meses, no se ha podido aplicar el periodo de reflexión de las víctimas que recoge el plan y todavía no sabemos cómo se va a aplicar, pues no existe protocolo de actuación
El enfoque de los derechos humanos debería primar
En la introducción y el discurso teórico del plan nacional contra la trata, se incluye el enfoque de los derechos humanos. Pero después, hay muchas lagunas. Es por ello que muchas organizaciones denuncian que en el plan prima un punto de vista policial y de control de los flujos migratorios irregulares.
Algunas de estas deficiencias tienen que ver con la dotación de recursos, si bien el pasado año se incrementaron las ayudas a proyectos concretos de asistencia, a la sensibilización y, en definitiva, a la lucha contra esta forma de esclavitud.
El 6 de marzo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó una partida presupuestaria de 2 millones de euros para la creación de un fondo de ayuda a las víctimas de la trata destinado a mejorar los servicios de atención y a proporcionar protección integral a aquellas que estén en situación de estancia irregular, con el objetivo de ofrecerles seguridad y evitar que los explotadores puedan influir en sus testimonios. Pero el conflicto exige de un amplio campo de trabajo, que requiere personal especializado, medios técnicos y humanos.
Falta de datos y de transparencia
Muchas de las organizaciones y especialistas entrevistadas, destacan que sobre todo echan de menos mecanismos de coordinación y transparencia en la información. Según fuentes del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Interior consultadas por AmecoPress, en poco tiempo estarán disponibles varios informes referidos al año 2009.
En este sentido, los miembros del Grupo interministerial de seguimiento del Plan informaron de la elaboración de tres estudios, abordados durante el año 2009, sobre el fenómeno de la trata, la elaboración de un mapa de recursos existentes y el análisis del tratamiento judicial de los procesos penales relacionados con la trata, sobre la base del actual marco normativo.
Por otra parte, el foro que se creó y que integra también a las asociaciones, sólo se ha reunido una vez en todo el año, además del encuentro para su constitución.
La coordinadora de Programas de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Sara Vicente, afirma que “no hay información transparente” y dice que “hay que proteger a todas las mujeres, no sólo a las que denuncian”. Por su parte, desde Hetaria se advierte que la falta de transparencia genera muchas dudas en las mujeres que están sometidas a la trata; ¿qué confianza pueden tener cuando saben que las mujeres del club de al lado han sido deportadas?”, afirma Carmen Briz.
La prioridad es la protección y el apoyo a las víctimas
Las organizaciones consideran que la protección y el apoyo a las víctimas es el punto fundamental. El plan incluye la transposición de una directiva europea de 2004 en la que se contempla que las víctimas de la trata de seres humanos puedan obtener su permiso de residencia si colaboran con las autoridades. Tendrán 30 días para decidir si denuncian a los traficantes. Pero las organizaciones que trabajan con ellas consideran este tiempo insuficiente y se manifiestan en contra de poner la protección de las mujeres en dependencia de que estas denuncien y colaboren en la persecución de las redes criminales.
Para Hetaira, “la trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial.
Por el contrario, en el plan actual las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar”.
Marta González defiende que “todas las víctimas necesitan y se merecen protección y apoyo con independencia de su situación de irregularidad y de que denuncie o no.
El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería ha introducido una nueva posibilidad den la identificación de datos, pero tiene lagunas: sin reglamento o protocolo no existen pautas de aplicación, además no aplica directamente a las personas comunitarias y se abre un expediente sancionador a las víctimas (expulsión o deportación)”.
Las niñas y mujeres víctimas de la trata, en la mayoría de los casos tienen miedo, están amenazadas y no se atreven a denunciar. Su perfil es amplio, aunque la edad predominante es de 18 a 25 años. No todas están en situación irregular, pese a lo que solemos pensar. Hay mujeres con escasa formación académica, pero también tituladas y con un alto nivel cultural. La trata es un delito que tiene muchas caras.
La legislación no está adaptada a la realidad
Otra de las preocupaciones es acabar con la impunidad de los tratantes y las redes que comercian con mujeres. El Código Penal español todavía no tipifica correctamente el delito de trata. De hecho, las asociaciones y también algunas instituciones como la Fiscalía General de Extranjería, piden desde hace tiempo su reforma. La coordinadora del proyecto Esperanza insiste: “la legislación no está adaptada a realidad”.
La sociedad civil
La trata supone una vulneración de los derechos humanos y el ejercicio de la violencia de distintos modos sobre unas víctimas que se encuentran encadenadas a un sistema de injusticia y, a menudo, de indiferencia.
Ir a la raíz de este conflicto implica cuestionar pilares básicos de la sociedad actual, incluyendo la escala de valores en la que se sustenta. Detrás de la trata está el machismo, está también la injusticia y desigualdad que padecen amplios sectores de la población; la pobreza y la falta de perspectivas que se vive en numerosos países.
“Como sociedad civil nos corresponde vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, promoviendo un enfoque de derechos humanos, e impulsar los cambios necesarios”, afirma Marta González.
AmecoPress.
Campaña de Amnistía Internacional;
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