El Gobierno ha dado luz verde, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana, al anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva para su remisión a las Cortes. El nuevo texto no tiene apenas modificaciones sobre el anteproyecto conocido y “es que más se ajusta a la realidad social española”, según ha anunciado Maria Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, en una conferencia de prensa al término de la reunión del extraordinaria del Ejecutivo.
María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que “derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley”, que establece algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de los informes preceptivos, como el del Consejo de Estado, para “ajustar el texto lo más posible a la realidad social”. De La Vega ha asegurado que la voluntad del Gobierno es “prevenir embarazos no deseados y que evitar que las mujeres tengan que enfrentarse a una interrupcción voluntaria del embarazo”.
La nueva Ley contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Según De La Vega, el nuevo texto se apoya en tres puntos fundamentales: ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres que se someten a un aborto, que estas mujeres puedan hacerlo con equidad y confidencialidad y dar completa seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad que lleven a cabo la interrupción voluntaria del embarazo.
La vicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado, en su comparencia ante los medios, que la nueva Ley está en sintonía los lagislación de los países del entorno español y cuenta con la aprobación de los órganos consultivos. Según De la Vega “ofrece seguridad y garantías a las mujeres y los profesionales de la sanidad”.
La futura Ley sustituirá a la legislación vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre. y que fue suprimida en 1938. Los plazos han quedado igual que en el anteproyecto: 14 semanas para abortar sin necesidad de justificar los motivos y 22 para los casos de grave riesgo para la vida o salud de la mujer y de malformaciones fetales. La novedad aparece en la regulación de los abortos posteriores a la semana 22.
El Gobierno ha modificado algunos aspectos de la Ley para ajustarla al Código Penal. Se contempla el endurecimiento de las condenas contra aquellos profesionales que practiquen abortos al margen de la Ley y sin realizar los informes necesarios. Se agrava el castigo contra los centros no autorizados que lleven a cabo interrupciones del embarazo y contra aquellos profesionales que realicen abortos más de las 22 semanas de gestación que limita la Ley. El Gobierno ha modificado también algunos puntos como la proporcionalidad de las penas a mujeres -que siguen sin ser sancionadas con pena de cárcel- y médicos y la información que se da a las mujeres que deseen abortar.
Tras su aprobación en Consejo de Ministros, la iniciativa legislativa llegará al Parlamento, donde, al tratarse de una Ley Orgánica, deberá tener el respaldo de la mayoría absoluta de las dos cámaras. Las organizaciones contrarias al aborto tachan a la reforma de inconstucional porque -a su juicio- se desprotege la vida del no nacido.
Para el próximo 17 de octubre, asociaciones como el Foro de la Familia, CONCAPA, Derecho a Vivir y Profesionales por la Ética han convocado una manifestación en Madrid, a la que esperan una afluencia superior al millón de personas.
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