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La ofensiva del clero católico contra el Estado Laico, ha posibilitado la versión de una nueva inquisición en nuestro país.
En pleno siglo XXI y a más de cinco siglos de distancia, escuchamos en la voz de diferentes servidores públicos, argumentos cuyos fundamentos se encuentran en principios religiosos que han dado paso a lo largo de la historia a la intolerancia, al autoritarismo, al fanatismo y a la misoginia que, llevó a miles de mujeres a la hoguera, a la horca, a la tortura y a la cárcel por el solo hecho de tener una conducta diferente a la establecida por la moral religiosa y por la jerarquía de la iglesia católica.
La inquisición fue una maquinaria de represión que bajo el argumento de velar por la pureza de los principios religiosos, difamó, encarceló y condenó a toda persona cuyas ideas fueran consideradas nocivas. Es así como gitanas, judíos, hombres de ciencia y mujeres que rompían las normas establecidas para su sexo eran condenadas y ejecutadas por tribunales inquisitorios que fomentaban el fanatismo y la ignorancia de la población.
Aquella institución oscurantista que quedó registrada en la historia como una de las más grandes expresiones de intolerancia de la jerarquía de la iglesia católica, se hace presente nuevamente en nuestro México y va tomando mayor fuerza con la complicidad de legisladores y gobernantes que imponen sus creencias personales en decisiones que solo deben ser del Estado.
Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI cuando se empezaba hablar con mayor fuerza de derechos humanos; se reconocía la violencia de género y se utilizaban instrumentos internacionales para avanzar en la concreción de una ciudadanía plena para las mujeres, en trece de los congresos locales de nuestro país, se restringe la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.
La manifestación de esta nueva inquisición en la vida civil, legislativa y política se observa claramente, en sus campañas impulsadas en contra de ampliar los servicios anticonceptivos para ofrecer el condón femenino y la pastilla de anticoncepción de emergencia; el uso del condón consciente e informado para evitar embarazos no deseados y su firme oposición a reconocer al aborto clandestino como una causa de muerte muy frecuente para las mujeres que lo practican en lugares insalubres.
El fracaso en sus campañas para anular la ley que despenaliza del aborto en el Distrito Federal y su estrategia para impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los llevó a moverse a diferentes
Estados de la República para promover, impulsar y en complicidades con diversos partidos políticos como el PRI y el PAN aprobar leyes que estigmatizan, violentan, restringen derechos y condenan a las mujeres por atreverse a tomar decisiones sobre cuando y en que condiciones desean tener hijos e hijas.
Esa jerarquía de la iglesia católica que se dice preocupada por sus fieles y que cierra los ojos cuando se trata de enjuiciar a curas pederastas, vuelca su intolerancia contra las mujeres, al quererlas reducir a máquinas reproductoras, sin decisión, ni toma de conciencia.
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