.
El día 9 de febrero, a las 20.10 horas, murió en la clínica La Quiete, de Udine, Eluana Englaro, la italiana de 38 años que estaba en estado vegetativo irreversible desde 1992, cuando sufrió un accidente de tráfico. Esta dramática situación ha llegado al extremo de la mayor injusticia y crueldad por la actuación de algunos médicos y fiscales, así como por un Gobierno que ha desafiado los derechos de los ciudadanos y las sentencias judiciales, para proclamarse protector de los dogmas de una Iglesia, hasta el punto de intentar legislar de forma inconstitucional. El pulso entre el Gobierno italiano y los jueces ha alcanzado niveles tan grotescos como dolorosos para la sociedad de aquel país.
Durante los últimos 11 años, el padre de Eluana venía reclamando el derecho de su hija a rechazar un tratamiento médico que no podía aportar ninguna mejora y que era fútil. En estas situaciones aparece el poder actual de la medicina y sus flaquezas: puede mantener la vida vegetativa de una persona durante años, algo impensable en otras épocas, pero es incapaz de restablecer la vida psíquica y personal, y algunos grupos confesionales se resisten a admitir que la obstinación terapéutica es mala praxis médica.
Ella no podía hablar, pero su familia sabía que no hubiera querido permanecer en esta situación. Como tutor, el padre podía reivindicar la voluntad de Eluana y tomar la decisión de interrumpir la hidratación y la alimentación artificial, pero las denuncias de médicos y fiscales lo impidieron. Once años de pleitos y debate público; todo lo contrario del respeto a la intimidad y a la autonomía personal.
Por fin, en 2007, los jueces determinaron que Beppino Englaro, como tutor, tenía el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos propuestos, a pesar de que “actualmente hay una carencia legislativa que proporcione las indicaciones en casos de petición de suspensión de tratamientos médicos por parte de los tutores de personas en coma y sin esperanzas de mejoría” (Tribunal de Apelación de Milán). En 2008, la Audiencia de Milán falló a favor de la interrupción de la hidratación y la alimentación artificial.
Cuando parecía que se habían aclarado las cuestiones fundamentales del caso, es decir, que, por el principio ético y constitucional de respeto a su autonomía y a su dignidad, toda persona tiene el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos médicos que se le proponen -por sí misma si es capaz y, si no lo es, a través de su representante legal-, la fiscalía de nuevo recurrió la sentencia porque consideraba que no se había comprobado con suficiente objetividad la irreversibilidad del estado vegetativo persistente. En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo italiano zanjó esta cuestión, amparando la petición de la familia Englaro.
En lugar de permitir un desenlace discreto, respetando la intimidad y el dolor de estas personas, una vez más los políticos de la derecha manipuladora y despótica entraron a saco, instrumentalizando el caso y masacrando los sentimientos y las convicciones más personales de la familia Englaro y de todos los que piensan como ellos, en aras de la defensa de una forma de entender la vida que no tiene respaldo constitucional ni ético racional. Han llegado a prohibir las actuaciones autorizadas por los jueces en los centros sanitarios públicos y a amenazar a los posibles colaboradores. Muchos hemos contemplado estupefactos, indignados y tristes cómo se tergiversan los hechos y los argumentos para imponer el control del Gobierno sobre el dominio de la vida y de la muerte, en contra de los derechos ciudadanos.
El punto culminante de las medidas del Gobierno de Berlusconi ha sido su intento de promulgar una ley para prohibir la muerte de Eluana, y ello no ha creado más que confusión, crispación y temor. ¡Hasta el presidente de la República Italiana la ha calificado de inconstitucional! No podía ser de otra manera, pues la judicatura había aclarado suficientemente las cuestiones de principios fundamentales. Giorgio Napolitano ha declarado: “El monopolio de la solidaridad y la autoridad moral no es patrimonio de nadie. Tampoco el fin de la vida”.
Esta apuesta tan decidida del Gobierno italiano de Berlusconi indica la dureza que están dispuestos a emplear los que se oponen a la ética racional. Hace siglos que el poder político y el dogma religioso se apoyan para tener el dominio de la vida y la muerte de las personas. Dicen que defienden la vida humana, pero no respetan los derechos humanos ni la legislación europea sobre el derecho a la autonomía del paciente y el consentimiento informado.
El señor Englaro ha manifestado: “Espero que su historia sirva para que la gente entienda que la medicina debe pensar mil veces antes de crear situaciones que no existen en la naturaleza. Eso es de locos. La vida es vida, la muerte es muerte. Blanco o negro. Las personas vivas son capaces de entender y decidir por sí mismas. Yo he pedido por caridad que dejen morir a mi hija Eluana. La condena a vivir sin límites es peor que la condena a muerte. En la familia, los tres habíamos dejado clara nuestra posición. Lo hablamos muchas veces. Vida, muerte, libertad, dignidad. Somos tres purasangre de la libertad. No necesitamos escuchar letanías. Ni culturales, ni religiosas, ni políticas”.
Esta libertad que reclama la familia Englaro es lo que el actual Gobierno paternalista y demagógico de Italia no está dispuesto a tolerar. Quiere mantener la vida vegetativa irreversible pero no respeta la integridad de la vida física, psíquica y moral, ni la dignidad de cada persona de acuerdo con sus convicciones.
¿Cuántos años necesitará Italia para tener una legislación acorde con los derechos fundamentales de las personas en este ámbito, que impida las intromisiones partidistas y sectarias?
En España la situación es clara para los casos de interrupción del tratamiento médico. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, reconoce el derecho de los pacientes y de sus tutores a solicitar la interrupción de un tratamiento médico. Inmaculada Echevarría, de Granada, se acogió a esta norma; el dictamen que elaboró la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía reconoció que “el ordenamiento aplicable permite que cualquier paciente que padezca una enfermedad irreversible y mortal pueda tomar una decisión como la que ha adoptado doña I. E. [...]
Se trata de una petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho a vivir dignamente”. El fin de Inmaculada, igual que el de Eluana, no debe calificarse de eutanasia, sino de suspensión de un tratamiento médico.
Con todo, nuestro país también ha sufrido la irresponsabilidad política en casos tan graves como el de Leganés, que ha tenido consecuencias negativas en la administración de la sedación terminal a los enfermos y en la seguridad de los profesionales que deben tratarlos.
Queda mucho trabajo que hacer para lograr claridad de ideas en todos los que tienen responsabilidades en estas cuestiones y en las personas en general. El debate público es importante y debería ayudarnos a superar la manipulación que algunos sectores pretenden. La preservación del verdadero sentido de la vida y de la dignidad humanas dependen de ello, así como la evitación de mucho sufrimiento innecesario.
Margarita Boladeras es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El derecho a no sufrir (Los Libros del Lince).
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario