El Nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que, entre otros puntos, amplía la protección a las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género, así como a las víctimas de redes de trata de seres humanos, no acaba de convencer a las asociaciones de mujeres y personas expertas que trabajan con este sector de la población. Aunque apoyan las normas y medidas que se dirigen a proteger a las víctimas de violencia machista, como es el caso, son escépticas sobre su aplicación por la falta de medios que hay actualmente y también por la desconfianza que suscita “lo que pueda pasar en los juzgados”.
Según este reglamento, que fue presentado el pasado martes, las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial. No se les abrirá un expediente de expulsión y, si ya lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Se les dará además autorización provisional de residencia y de trabajo. Además, este amparo especial también se extenderá a las hijas e hijos menores de las maltratadas. Sólo se llevará a cabo la expulsión en el caso de que una jueza o juez considere que la denuncia interpuesta contra el supuesto maltratador es falsa.
“¿No servirá este reglamento para que los jueces no den órdenes de protección?, comparte Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, en declaraciones para AmecoPress, y explica que puede suceder “lo mismo que está pasando con la Ley integral contra la Violencia de Género, es una ley excelente, un referente para Europa, pero la práctica es un desastre por la arbitrariedad con que los jueces aplican las leyes”.
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