Perú ha negado el derecho a la justicia y reparación a las miles de mujeres pobres e indígenas que fueron esterilizadas contra su voluntad

Alrededor de 400.000 mujeres, esterilizadas sin su consentimiento.







Beatriz Jiménez
Lima www.elmundo.es/america




Perú ha negado el derecho a la justicia y reparación a las miles de mujeres pobres e indígenas que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
A pesar de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoció la esterilización forzada como crimen de lesa humanidad, la Fiscalía Superior de Derechos Humanos consideró que los delitos han prescrito y archivo la denuncia en contra de 4 ex ministros de salud del gobierno de Fujimori.

De 1996 al año 2000, el Ministerio de Salud aplicó una política de esterilizaciones masivas en los sectores rurales y urbano-marginales. Se estima que en este periodo unas 400 mil mujeres fueron esterilizadas, muchas de ellas sin ser correctamente informadas y otras sin consentimiento previo.

«El Ministerio Público ha negado definitivamente la justicia a las víctimas de esterilización forzada por tratarse de mujeres pobres al considerar que estos delitos no constituyen graves violaciones de derechos humanos en grado de tortura y trato humillante», consideró la abogada Maria Ysabel Cedano, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).

En 2004 la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones de la sociedad civil, logró reunir 2074 casos con nombres y apellidos de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento o sin recibir una adecuada información previa. De ellas, 16 murieron por infecciones postoperatorias fruto de una ligadura de trompas practicada sin las condiciones mínimas de higiene y muchas de las sobrevivientes han quedado con problemas de salud derivados de la intervención. También problemas psicológicos y de aislamiento social, ya que en la cosmovisión andina y amazónica la mujer que no puede concebir es rechazada muchas veces por su pareja y hasta por su misma comunidad.
Irán a la Comisión Interamericana

En mayo de este año, el fiscal Jaime Schwarts archivó el caso argumentando falta de pruebas y la prescripción del delito. Esta decisión fue apelada por DEMUS y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Sin embargo, el pasado viernes la Fiscalía Superior Penal no acogió estas quejas y ordenó su archivamiento definitivo.

Por ello, siguiendo el ejemplo de los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juarez, buscarán justicia fuera del país. «Hacemos un llamamiento nacional a todas las mujeres que hayan sido víctimas de esta política para juntarnos y poder llevar este caso en menos de 10 meses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo a través de EL MUNDO.es/América la abogada Maria Ysabel Cedano.

«Perú ha demostrado que no respeta los derechos humanos y que discrimina a las mujeres indígenas pero no descansaremos hasta encontrar justicia, aunque sea fuera del país», declaró muy afectada la congresista quechua hablante Hilaria Supa, quien sufrió esterilización forzada. Las brigadas de médicos del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria llegaron a su pequeña comunidad campesina, Ollacocha, en la provincia cuzqueña de Anta.

Hilaria logró recopilar el testimonio de casi 300 mujeres de Anta y otras provincias de la región sureña de Cuzco que mostraban como habían sido esterilizadas engañadas bajo amenaza de cárcel, con la promesa de recibir alimentos o sin su consentimiento después de dar a luz. También estos testimonios dan cuenta de las secuelas físicas producidas por una esterilización realizada en muchos de los casos con anestesia para animales.

En 1999 presentó como representante de las mujeres de Anta estas denuncias ante el entonces Ministro de Salud fujimorista Alejandro Aguinaga, hoy también congresista.

«En este Congreso tampoco hay justicia porque los mismos promotores de las esterilizaciones han llegado a ser vicepresidentes de este pleno», recuerda Hilaria en referencia al congresista Aguinaga.
Fujimori dio la orden

La no investigación del caso ha impedido que las esterilizaciones forzadas fueran incluidas dentro del cuadernillo de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes contra los derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Según el informe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Fujimori estaba personalmente involucrado ya que era quien daba las órdenes a ministros y funcionarios sobre el cumplimiento de cuotas anuales de esterilización. «Si cumplían las cuotas fijadas, los médicos eran recompensados económicamente», recuerda Maria Ysabel Cedano.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado peruano que procese a los responsables de la aplicación de la esterilización forzada como política de salud reproductiva.

La CIDH recordó que en el 2003 el Estado peruano asumió un acuerdo de Solución Amistosa en el que se comprometió a dar una reparación económica al viudo y los hijos de Mamérita Mestanza, quien falleció en 1998 víctima de esterilización forzada, y también a investigar y sancionar a los responsables de la violación sistemática de los derechos reproductivos de las mujeres.


Fuente:

http://www.redfeminista.org/index.asp