“La libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley”. Así de tajante se mostró ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acerca de la futura reforma de la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que prepara el Gobierno y que verá la luz “cuanto antes”.
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Durante la apertura del curso La pluralidad religiosa en la sociedad española contemporánea. Cuestiones a debate, que organiza la Fundación Pluralismo y Convivencia en El Escorial, el ministro avanzó algunas de las claves de la misma.
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“Treinta años después, es necesario replantearnos la normativa referente a libertad religiosa y al modo de practicarla”, adujo Caamaño, que incidió en que “debe operar un marco legal acorde a estos cambios”. “También la libertad religiosa tiene que tener límites”, explicó el ministro, quien añadió que “debe moverse dentro de los límites de una sociedad democrática, y ajustarse a la lógica de esta sociedad”.
La ley de 1980 se debe ampliar a las legislaciones autonómicas y “al pluralismo de la sociedad de hoy”
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Tras alabar la normativa vigente, Caamaño insistió en que “la actual ley no dice nada sobre la religión y los espacios públicos, la defensa, la educación y por eso queremos reformarla”. La Ley de 1980 “ha dado sus frutos, pero se ha quedado atrás en el tiempo”, indicó el ministro. Por eso, se debe ampliar a las legislaciones autonómicas y “al pluralismo de la sociedad de hoy”.
¿Cómo se plasma esta reforma? A partir de muchos aspectos, que van desde el establecimiento de lugares de culto —no sólo de culto católico— dentro de la planificación urbanística, en función de las necesidades de la población, en los enterramientos, en la escuela, la sanidad, las prisiones y también en la organización de los funerales de Estado. Algo que ya se ha ido haciendo desde 1992, con la firma de los acuerdos de Cooperación con otras confesiones distintas a la católica, pero ahora “es necesario trasladar la experiencia a la ley, regularla y establecer criterios válidos para todos”.
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Prácticas religiosas contrarias al orden público
Asimismo, como fenómeno emergente, es preciso regular la identificación de determinadas prácticas religiosas a las normas legales de España. “Es necesario apuntó Caamaño un proceso de adaptación de algunas prácticas religiosas, prohibiendo aquellas que sean contrarias al orden público”.
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“Hay que regular la libertad religiosa, pero también la de conciencia”, insistió el titular de Justicia. “La libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley. Sin ley no hay convivencia. Para que exista, deben tener derechos y obligaciones vinculadas”, remachó el ministro. Lanzó, de esta manera, un recuerdo hacia la regulación de la objeción de conciencia que, como apuntó hace un mes el propio ministro, no debe primar sobre el derecho de la mayoría.
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