Las “sin papeles” que denuncien malos tratos se arriesgan a un expediente de expulsión

La nueva Ley de Extranjería sólo permite su regularización si logran que se condene al agresor



La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que la violencia de género “es el único delito que implica la apertura de un expediente de expulsión” si lo denuncia una sin papeles.

Asegura que ello “desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular”.

Afirma que implica “desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no se condena por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso”.

María Naredo, investigadora de violencia de género en Amnistía Internacional (AI), coincide en que “hay un nivel de archivo y de absoluciones impresionante en casos de violencia de género. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias.

En juzgados de lo penal se absolvió al 48% de acusados de maltrato”. Naredo remarca que “con una sentencia condenatoria, el expediente se extingue y la mujer podría incluso acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, pero si no la hay, el expediente de expulsión se reabre y puede resultar en una orden de expulsión o sanción económica”.

Además, explica que “no son muchas mujeres en situación irregular las que denuncian y obtienen la residencia, y el número de expulsadas por este motivo no se conoce”. Tanto CEAR como AI constatan la dificultad de obtener datos oficiales al respecto.

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la Ley “prima la condición de mujer inmigrante sobre la de mujer víctima de violencia de género”, pero valora que brinde un permiso provisional de residencia y trabajo a las ‘sin papeles’ que puedan acreditar la violencia de género.

AI también considera un avance que tanto las ‘sin papeles’ que acrediten el maltrato, como las que obtengan permiso de residencia por reagrupación familiar reciban un permiso de trabajo.

Desde 2003, AI venía reclamando equiparar a ambos colectivos y, junto con la residencia, darles permiso de trabajo “para paliar la falta de autonomía económica”, dado que ésta es un factor que posibilita la violencia de género.

FUENTE:

http://www.amecopress.net/